El próximo día 15 se cumplirán cuarenta años de la aprobación en referendo de la Ley para la reforma política. Con ella se consiguió hacer posible la plena instauración de la democracia en nuestro país. A su amparo se celebraron las primeras elecciones generales con participación de todos los partidos políticos que quisieron libremente constituirse. Fue una iniciativa tan arriesgada como necesaria en una etapa cargada de incertidumbre. Se comprende el escepticismo de los partidos de izquierda acerca de una ley que procedía de un régimen político que iba a ser arrumbado por ella. Se ha hablado con justicia del impulso del Rey, que tenía pendiente su legitimación democrática, de la audacia de Adolfo Suárez, de la autoría de Torcuato Fernández Miranda, Presidente de aquellas Cortes que se hicieron el haraquiri, sin olvidar el gobierno tildado frívolamente de mediocre. Había expectación internacional como comprobé al intervenir en la televisión francesa con el profesor Vedel, una autoridad. Cuarenta años es una cifra que tiene algo de mágica. Si se recuerda ahora no es para una conmemoración de lo que fue transitorio, sino para subrayar su permanencia en partes importantes de la Constitución, cuya reforma se airea de continuo, y su valor para esta etapa del diálogo que ha surgido como una espora inesperada. De ella procede el reconocimiento de los derechos fundamentales que «son inviolables y vinculan todos los órganos del Estado». Una importación de Alemania debida a una enmienda personal que se añadió como apartado nuevo a la primacía de la ley que contenía el anteproyecto. No basta la ley. ¿Es que una votación mayoritaria puede introducir tales limitaciones y condicionamientos en el ejercicio de un derecho fundamental que en la práctica venga a ser su conculcamiento? Así quedó escrito. Pasó a la Constitución; la ley ha de respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales al regular su ejercicio. De esa ley procede el sistema electoral proporcional. Se defendió para el nacimiento de la democracia como el sistema adecuado para hacer más fácil la participación de los partidos. Si se hubiera aceptado el mayoritario, Alianza Popular, que lo defendía, no habría estado en las Cortes constituyentes. En su defensa, confirmo haber dicho entonces, si hay algo que debe estimularse en la política española es la capacidad de diálogo, de negociación y de pacto como corresponde a una sociedad que es plural. También el Senado. Para entender su porqué ha de tenerse en cuenta quienes debían votar la ley y la existencia de un Consejo Nacional del Movimiento y sus cuarenta miembros de designación directa. El Rey designó senadores para evidenciar el pluralismo político. Nada que ver con el viejo Senado, ni con un sistema federal. La Constitución lo ha mantenido, pero su letra no concuerda con la realidad. Su reforma encontrará resistencia en los intereses de los partidos políticos.