En España, el Estado -a través de la administración de la Seguridad Social- proporciona a los trabajadores una serie de prestaciones que van desde la pensión de jubilación hasta la asistencia sanitaria, pasando por la baja por enfermedad y la indemnización en caso de accidente laboral. Para obtener los ingresos con los que financiar estas prestaciones se grava tanto a los trabajadores como a los empresarios con sendos impuestos sobre las ganancias y que son conocidos como cotizaciones a la Seguridad Social. Teóricamente, a los empresarios les corresponde pagar por este concepto el 30 % del salario bruto, aproximadamente, y a los trabajadores el 6 %. Un reparto que, sin embargo, no se traslada a la práctica. Lejos de que cada parte pague la cuantía que le corresponde, las empresas soportan un impuesto inferior al estipulado, mientras que los trabajadores pagan más que lo que les toca. ¿Por qué sucede esto?
La respuesta reside en la influencia de estos impuestos sobre los salarios y en el hecho de que las empresas recaudan de sus trabajadores una parte o la totalidad del impuesto que les corresponde pagar a ellas. Y lo recaudan pagando a los trabajadores unos salarios inferiores a los que percibirían si no cotizasen a la Seguridad Social.
En el mercado de trabajo, los trabajadores venden -a cambio de un salario- una parte de su tiempo a los empleadores, quienes son, por lo tanto, los demandantes de trabajo. Pues bien, la respuesta de la oferta y la demanda de trabajo a los cambios en los salarios es fundamental para determinar quién acaba pagando más y quién menos a la Seguridad Social. Por ejemplo, hay una parte de la oferta de trabajo que no cambia aunque varíe el salario (neto) porque la mayoría de las personas necesitan vivir de su trabajo y, en consecuencia, están dispuestas a trabajar por muchos impuestos que hayan de pagar. Ergo, las empresas podrían reducir el salario en la cuantía total del impuesto que les toca pagar a ellas sin temor a que la oferta de trabajo se resienta, en cuyo caso los trabajadores pagarían, de facto, toda la cotización a la Seguridad Social.
La otra situación extrema es la que afrontan los empresarios cuando la oferta de trabajo varía (aunque sea poco) con el salario neto. Por ejemplo, cuando suben las cotizaciones a la Seguridad Social, los cónyuges, los adolescentes, los estudiantes con trabajos a tiempo parcial y otros muchos trabajadores que no tengan un estrecho vínculo con la población activa pueden contraer su oferta de trabajo. En este caso, las empresas no pueden reducir los salarios de los trabajadores en la cuantía total de las cotizaciones que les corresponde pagar a la Seguridad Social sin que la cantidad ofrecida de trabajo se resienta. En consecuencia, tienen que soportar ellas mismas una parte de la carga de la cotización para continuar atrayendo la cantidad de trabajadores que necesitan. Sin embargo, en ningún caso los empresarios pagan íntegramente lo que les corresponde pagar. Y esto, claro, es una fuente de desigualdad importante en la distribución de la riqueza.
En definitiva, el lado del mercado que sea más insensible a las variaciones en el salario se lleva la peor parte a la hora de la carga impositiva de la Seguridad Social. Y, por esta misma razón, tampoco todos los tipos de trabajadores resultan afectados por igual.