Un poco antes de comenzar la última campaña política trascendió que Bruselas nos tenía preparado un millonario coscorrón porque el año pasado España sobrepasó los límites del déficit público. La cortesía comunitaria recomendaba dejar pasar el trago electoral, pero los micrófonos indiscretos en los salones donde se reúnen los que ponen las multas confirmaron que no nos libraba nadie. Y ayer llegó el día en el que los comisarios europeos le afean abiertamente a Mariano Rajoy no haber sido eficiente en la aplicación de las medidas de reducción del déficit.
Menos mal que no lo fue. Al menos no lo fue del todo. El déficit del año pasado iba a ser del 4,2 % y acabó en el 5,1 %. ¿Cuántos servicios públicos más habría que ajustar para cumplir con Europa? Bruselas había amenazado con una multa que podría ser de 8.000 millones de euros, pero se quedaría ahora en solo 2.200. Una cantidad suficiente, por ejemplo, para realizar diez veces las obras pendientes de mejora de los accesos a las principales ciudades de Galicia. A los señores de Bruselas no les incomodan los atascos interminables en esas vías. Normal, ellos viven lejos. Pero aún es peor que ni siquiera echen la cuenta de cuánto pierden cada una de las economías locales por obligar a unos duros ajustes presupuestarios que les arreglan sus macrocuentas.
Siempre les quedará el argumento de que ellos marcan la línea roja, no cómo evitar traspasarla. Cierto, es potestad de cada Gobierno dar prioridad a unas u otras políticas. La cuestión es buscar ahorros, sin ir más lejos, en la propia Administración del Estado. O mantener la voluntariosa política de fusionar cuatro pequeños concellos en tres años.