El primer y único debate entre los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno no fue un debate para indecisos. No lo fue porque los aspirantes se pusieron demasiado pronto ante las cámaras y porque los mensajes y posiciones parecían más orientados a no perder lo que ya daban por seguro. No se sabe cuántos, del 32% de electores que la semana pasada aún no tenían decidido su voto, se habrán decantado después del debate. No muchos, seguramente.
La experiencia de las últimas citas en las urnas dice que bastantes de los que dudan se deciden el mismo día de las elecciones. Por tanto, parecería lógico pensar que cuanto más cerca de las votaciones más capacidad de movilización tienen los debates. ¿Por qué no se hizo entonces en la recta final de la campaña? Sencillamente porque los cuatro partidos, o alguno de ellos, -son los que deciden si van, cuándo van y el formato de la discusión- han querido que así fuese. ¿No se fían de su propia capacidad para convencer al electorado indeciso? ¿Temen darle ventaja a alguno de los rivales en la recta final y con una llegada a meta apretada?
La respuesta, sea la que sea, tiene en todo caso una consecuencia: la utilidad del debate para los electores ha quedado desdibujada. El hecho de que se haya producido el encuentro y, por fin, sin la ausencia de ninguno de los que tiene posibilidades de gobernar debe ser saludado. Bastantes veces nos han hurtado incluso la posibilidad de escuchar la confrontación de posturas. Pero han vuelto a pensar más en sus intereses que en los dueños últimos de todo esto. El debate no ha servido, seguramente, para agitar (y sobre todo, convencer) a ese tercio de electores que finalmente moverán el fiel.