Cuando los aficionados del Barcelona lucieron cientos o miles de banderas esteladas en la final de la Champions del año pasado en Alemania, el club fue sancionado por la UEFA con una multa de 30.000 euros. La UEFA daba cumplimiento así al artículo 16 de su reglamento, que prohíbe la exhibición de símbolos ajenos al espectáculo deportivo «y particularmente los de carácter político». El Fútbol Club Barcelona ni siquiera recurrió la multa, porque entendió que era ajustada a las normas del organismo deportivo europeo. Donde hay una legislación clara y una autoridad reconocida, no hay discusión: si se incumplen las normas, se paga.
En España ocurre lo contrario. En España se intenta prevenir el despliegue de banderas esteladas con una prohibición rigurosa de la Delegación del Gobierno en Madrid, y resulta que no hay legislación a que acogerse. La Ley del Deporte está pensada, sobre todo, para evitar manifestaciones violentas y terroristas. Los legisladores españoles no han tenido la astucia de contemplar y trasponer la normativa internacional para dejar las actuaciones represivas en su ámbito deportivo.
Así vemos cómo la prohibición de esteladas el próximo domingo en el Vicente Calderón se ha convertido en un problema político de primera magnitud: se dice que viola la libertad de expresión, que es propio de un Gobierno autoritario o que fomenta todavía más el independentismo catalán. El desenlace previsible de la polémica será que cada aficionado del Barça tratará de colar una estelada en el estadio, simplemente por el hecho de que la han prohibido. Veremos más banderas que nunca, y los cuerpos de seguridad no podrán hacer nada para evitarlo. No hay quien pueda impedir que un ciudadano esconda un trozo de tela (eso es una bandera) debajo de su vestido. Los espectadores estaremos más pendientes del desafío político que de la calidad futbolística del encuentro. La maniobra de ocultación del símbolo independentista habrá sido un fracaso.
Ciertamente, no se puede hacer mucho cuando un espectáculo deportivo comienza marcado por el desafío a la unidad nacional y a sus símbolos. Si se permite sin limitaciones, se burlan los cimientos del Estado de derecho. Si se prohíbe, alguien lo puede entender como actitud dictatorial. ¿Qué hacer ante esa situación de tan difícil salida? Solo hay una fórmula: aplicar medidas de autoridad que se puedan cumplir y cuyo cumplimiento se pueda exigir. Si una medida no se puede cumplir o expone al ridículo a quien la impone, es mejor no intentar nada. Dicho de otra forma: Cataluña no se separa por mucho que se pite al rey y a los símbolos de España. El Estado, en cambio, se deteriora si es objeto de burla ante los ojos de todo el país.