Se lo pedía el cuerpo y lo hicieron: todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, denunciaron al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por «despreciar la soberanía popular». Se lo venía pidiendo el cuerpo, ya digo, y presentaron un conflicto de atribuciones, cosa que no habíamos visto en toda la historia de la democracia. «Un conflicto sin precedentes», dice hoy algún diario. «Grave conflicto», califican otros en sus ediciones digitales. Este cronista, modestamente, sigue como el primer día que comentó este desencuentro: no acaba de ver la gravedad del episodio; no acaba de ver la necesidad de provocar este lío y no acaba de ver qué puede hacer el Constitucional.
Desde el punto de vista legal, hay razones jurídicas para que un Gobierno en funciones se niegue al control de un Parlamento que no le ha dado su confianza; pero también las hay para que el Congreso exija ese control, y alguna es tan seria como que el Gobierno, aunque esté en funciones, sigue siendo Gobierno, y estamos en un sistema de división de poderes. Si esto conduce al empate de argumentos, siempre ganará quien hace más ruido, y los más ruidosos son los no gobernantes, porque son más y pueden montar más lío. Ocurrió en el pleno de ayer, donde a Rajoy le cayó un chaparrón de reproches en cada discurso, como si estuviese gobernando en plan sátrapa, como Maduro en Venezuela.
En lo que se refiere a las formas, tan censurables son los diputados como los ministros que se niegan a asistir. Los diputados, porque en gran parte buscan el follón por el follón, tienen intenciones electorales y se están vengando de quien hasta ahora tuvo mayoría absoluta e hizo literalmente lo que le venía en gana. Los ministros, porque tienen una actitud chulesca, de aquellas de «usted no sabe con quién está hablando» o «pa chulo, yo» y podían comparecer, por lo menos, a petición propia. Si temen ser asediados con cuestiones del pasado, acudan a informar de las cuestiones presentes y así cumplirían con su deber y dejarían sin argumentos a los parlamentarios ariscos.
En todo caso, si estuviésemos en un país y en un momento normalizado, los líderes hablarían y pactarían un modo de relación institucional. Pero no. Es mucho más lucido montar el pollo. Se ganan más titulares denunciando al Gobierno. Y es mucho más sonora una acusación de «desprecio a la soberanía popular», que presenta al gabinete y a su presidente como unos pequeños dictadores que hay que echar del poder. Entre esto y el empeño en anular las leyes de Rajoy, dan ganas de preguntar al celoso Parlamento español: «por un casual, señorías, ¿no se les ocurrirá algo, cualquier cosa, que ayude a resolver los problemas del país? Y perdonen el atrevimiento...».