Las sociedades democráticas tienen el derecho y la obligación de defenderse del terrorismo yihadista, si quieren mantener hacia el futuro lo que constituye la esencia del actual modo de vida occidental: una razonable combinación de libertad y seguridad, donde la segunda no amenaza sino que garantiza la primera.
Durante mucho tiempo -en realidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizó la democracia en Occidente-, la apelación a la seguridad pública resultaba con frecuencia la disculpa a la que recurrían los grupos dominantes para mantener su posición de privilegio, de modo que aquello que supuestamente atacaba la seguridad de todos no era otra cosa, en realidad, que lo que ponía en riesgo los intereses de esos grupos. Por eso, entre las fuerzas progresistas de la sociedad se generó una explicable desconfianza hacia los mecanismos de defensa del Estado, que ni de lejos eran lo que parecían.
Un absurdo, y ahora ya suicida, acto reflejo ha mantenido viva esa visión conspiratoria de la seguridad pública en amplias capas de las sociedades democráticas, que siguen creyendo, como antaño -cuando había motivos para ello y pese a que hoy ya no los hay-, que el endurecimiento de las normas que amparan la acción estatal dirigida a combatir la delincuencia atenta contra nuestras libertades. Frente a tal visión, hay que afirmar con rotundidad que quienes hoy las limitan no son los poderes públicos del Estado democrático, sometidos siempre a rigurosísimos controles políticos, jurídicos y mediáticos, sino los grupos criminales organizados y de manera muy especial los vinculados al terrorismo yihadista.
Cuando un ciudadano no puede viajar en avión o en metro sin la casi absoluta seguridad de que no saldrá volando por los aires tras un atentado terrorista, es que ha llegado el momento de decir ¡basta! Y de decirlo con la plena legitimidad que poseemos para combatir con todos los medios que permite el Estado de derecho a quienes nos matan porque aspiran a convertir nuestras sociedades en las inmensas cárceles sociales que son ya algunos de sus países de procedencia o que serían aquellos en los que el fundamentalismo islámico acabaría por convertirlos si tuviera suficiente fuerza para ello.
Por eso, el auténtico peligro al que hoy nos enfrentamos no son los posibles excesos de las fuerzas de seguridad, ni la tentación de quienes las mandan de utilizarlas contra quienes respetamos el imperio de la ley. No, el peligro es que los enemigos de la sociedad abierta, que conspiran sin tregua (¡ellos sí!) para acabar con nuestra vida y nuestra libertad, utilicen las rendijas de la ley para poner en riesgo lo que tanto trabajo nos ha costado construir. Por eso, que los poderes públicos taponen esas rendijas de un modo implacable para garantizar nuestra seguridad es no solo lo que todos quienes estamos en riesgo ante la locura yihadista tenemos derecho a exigir, sino la obligación que tales poderes deben cumplir de un modo inexcusable. Lo demás es, pura y simplemente, permitir que los terroristas jueguen con nosotros al tiro de pichón.