En los jardines de uno de esos hoteles que son como oasis de lujo en medio de la miseria de una ciudad africana que lucha por salir adelante, un grupo de observadores internacionales destacados allí para el control de un proceso electoral charla al pie de una piscina de aguas termales. Los enviados de Naciones Unidas y la Unión Europea, que vigilan la limpieza de las votaciones, son vistos por algunos locales que comparten almuerzo como una humillación hacia un país que se siente capaz de resolver sus cosas. Aunque asumen que su aceptación por el Gobierno es, en realidad, el reconocimiento de su propia incapacidad.
El anuncio de Pedro Sánchez de que le pediría al primer ministro griego su mediación para que Podemos acceda a facilitarle su camino a la Moncloa no deja de tener un amargo regusto a fracaso. La intercesión griega sería la constatación de que la política española está en un punto de inmadurez muy preocupante. Sánchez retrata a Iglesias como un político tutelado por la opción griega que finalmente tuvo que plegar ante las exigencias de la UE, pero al tiempo se reconoce inhabilitado para deshacer el embrollo por sus propios medios.
Deben arrastrar los políticos españoles algún complejo, porque no es la primera vez que echan mano de la figura del observador o el mediador internacional para abordar cuestiones que solo a nosotros nos corresponde solucionar. Lo de Pedro Sánchez con Tsipras no llega al delirio de Artur Mas de invitar a observadores como pretendido aval al separatismo. Ni al desvarío de quienes querían mediadores externos en un País Vasco atenazado por ETA. No, pero el arbitraje griego resultaría algo bochornoso.