Para ella no ha habido puerta giratoria. No es justo que tras los ingentes servicios que ha prestado al Estado como ministra y parlamentaria y al PP como jefa de campaña y abanderada de su código ético se vea obligada a cobrar los 54.000 euros anuales que le corresponden como exdiputada desempleada. Resulta frustrante que una persona con su alta cualificación profesional no encuentre trabajo y más aún que no le busquen una colocación en un consejo de administración cualquiera. ¿Ni siquiera le pueden dar un puesto en Telefónica para que trabaje codo con codo con Trinidad Jiménez? ¿Su gestión en el caso del ébola no merece quizá una recompensa? ¿Si lo lograron tantos exministros del PP y del PSOE por qué no ella? ¿Solo porque no vio el Jaguar de su marido en el garaje y aceptó regalos de la trama Gürtel? Ese no es impedimento y si no que se lo pregunten entre otros a Rato o al mismo Urdangarin. Ahora, como otros 63 diputados que no encuentran empleo, se tendrá que conformar con una miseria, 2.813,87 euros al mes. Entre los que pretendían cobrar estaba Telmo Martín, el diputado más rico de la pasada legislatura, con más de 21 millones de patrimonio declarado, que renunció al publicarse que estaba en la lista. No antes. ¿No nos habían repetido hasta la saciedad que nuestros brillantes prohombres perdían dinero porque en la empresa privada ganarían mucho más, que se los rifarían al dejar la política? Los que defienden este privilegio argumentan que los diputados no tienen derecho a cobrar el paro. Pero si usted es un españolito de a pie cobrará un máximo de 1.087,20 de euros mensuales si no tiene hijos y de 1.397,84 con al menos dos a su cargo, una retribución que baja a partir del séptimo. Esto huele a casta que apesta.