Aclaremos las cosas. El referendo que propone En Comú Podem no tiene como finalidad la independencia de Cataluña, sino poner las bases que permitan definir un nuevo modelo de articulación de esa comunidad con el resto del Estado. Las fuerzas políticas que componen esa confluencia no son independentistas y por lo tanto ni forman parte del denominado proceso de desconexión, ni votaron a favor del Gobierno de Convergencia en el Parlament. Al contrario, su victoria en las elecciones generales del 20D en Cataluña es el principal aval para avanzar en una vía diferente tanto a la independencia como al inmovilismo.
Ejercitar ese «derecho a decidir» y hacerlo defendiendo una España federal es una respuesta constructiva para intentar dar una salida constitucional al grave desencuentro social que se vive en Cataluña, con la mitad de su población queriendo constituirse como un Estado independiente. Hay un problema real y por eso un referendo, en el que se propone un Estado federal, es una buena solución.
Es evidente que si al final se avanza en la realización de un referendo -como en Escocia- inevitablemente se convertirá en un derecho que en su momento podrán ejercitar otras comunidades autónomas. Faltaría más. Pero esa no es hoy la prioridad en Galicia. Por muchas razones, pero la fundamental es que la sociedad gallega no se plantea cambios radicales en su relación con el resto de territorios del Estado.
Nuestra área de conflicto es otra. Tiene que ver con la necesidad de modificar el modelo de financiación autonómica para dotarnos de más recursos con los que mejorar el bienestar de la ciudadanía; con la urgencia de reconstruir los instrumentos de reequilibrio territorial -como el FCI- para converger en niveles de renta con la media del Estado; con ganar representación y capacidad de interlocución con la Unión Europea en materias vitales para nosotros como la pesca o la producción láctea; con defender las competencias exclusivas ante las amenazas de recentralización por la vía de los hechos. Esto es, la defensa del Estado de bienestar y una mejor y más cercana gestión de competencias de autogobierno.
Esta es la manifestación actual y concreta de los problemas de articulación de Galicia en el Estado y es la razón por la que grupos como En Marea (candidatura de unidad formada por movimientos ciudadanos y mareas, nacionalistas, federalistas y autonomistas) presentaron una batería de propuestas para abordarlos. Por cierto, las únicas referidas a Galicia que se oyeron en el Parlamento español en el debate de investidura.
Poner hoy en Galicia la autodeterminación como el debate central es querer desviar la atención sobre nuestros problemas reales y nuestras demandas colectivas. Somos un país con sus propios ritmos, que tiene su propio proceso de construcción nacional, que busca sus propias respuestas a sus problemas. Y eso es, ni más ni menos, ejercitar en la practica la autodeterminación. Porque el derecho a decidir no es el acto formal de una votación un día determinado. Por el contrario, es un proceso permanente y continuado de expresión de la voluntad de la mayoría de la gente, que se materializa cada vez que votamos para elegir un Gobierno, sea la Xunta de Galicia o el Concello.
Si llega el día en la que la mayoría de los parlamentarios de Galicia son independentistas sin duda el debate sobre la autodeterminación ocupará el espacio central de la política gallega, pero mientras no sea así solo es un árbol que impide ver el bosque.