En Madrid, donde escribo, una historia de titiriteros se ha colado entre las pasiones de la formación de gobierno. Los lectores quizá la conocen porque ha ocupado muchas horas de televisión. Se trata de un grupo de títeres contratado por el Ayuntamiento y que resultó un escándalo sensacional. Los títeres hacían aparecer en escena un cartel que decía «gora Alka-ETA», ahorcaban a un juez y no sé cuántas tropelías más. El juez los metió en la cárcel sin fianza y ya tenemos un magnífico lío político y penal. Político, porque desató una tormenta sobre los gestos y acciones de los ayuntamientos regidos por Podemos. Penal, porque dividió a los propios juristas en dos: los que consideran que estamos ante claros delitos de enaltecimiento del terrorismo y fomento del odio y los que creen que era un recurso narrativo, con lo cual estaríamos ante un asalto a la libertad de expresión.
Opinión: si hubo delito, lo dirá la Justicia y de nada sirve el criterio de un comentarista. Pero la responsabilidad política es evidente. ¿Cómo se contrata a un grupo así para un espectáculo infantil, sabiendo además que no es indicado para niños, como reconoció ayer la alcaldesa Carmena? Se contrata por pura simpatía ideológica o de grupo. Si la corporación, empezando por la concejala de Cultura, no estuviese en el círculo político en que está, no contrataría a esos artistas, ni esos artistas tendrían acceso a ella. Estamos acostumbrados a esos favores en todos los tiempos y en todos los gobiernos.
Pero ahora acabamos de entrar en una fase más peligrosa: la de la necesidad de justificar lo que hicieron los titiriteros y la recíproca de condenarlos como ejemplo de expresión purulenta de la sociedad que quiere crear Podemos desde las instituciones. No exagero. Ayer hemos visto cómo los jueces se dividían entre quienes justificaban la prisión de los artistas y quienes denunciaban la facilidad con que se mete a la gente en la cárcel. Hemos leído condenas a los nuevos gobiernos locales y hemos escuchado a la alcaldesa de Barcelona que justificaba el espectáculo porque una sátira solo es una sátira, nunca un delito. Y hemos descubierto la nueva forma de justificar cualquier tropelía, siempre que sea cometida por alguien de Podemos. La dijo Pablo Iglesias: se ordena la prisión preventiva de unos artistas y se deja en libertad a los grandes de la corrupción.
¿Qué les parece? A mí, que tiene toda la razón con un solo matiz: me empieza a dar miedo un país que puede llegar a justificar el fomento del odio por motivos políticos y, al mismo tiempo, acusa a los nuevos partidos de destruir los valores tradicionales de la sociedad. Estamos retrocediendo en convivencia a pasos agigantados.