Ayer nos pasamos el día la mar de contentos porque se nos abrieron las esperanzas a percibir las indemnizaciones por la catástrofe del dichoso Prestige. Trece años después, pero estamos muy contentos porque, aunque a Mangouras le ampliaron la pena, no irá a prisión, que tampoco está mal; pero sobre todo se le reconoce un delito contra el medio ambiente, que es lo que nos interesaba porque así cabe responsabilidad civil subsidiaria. Y esa responsabilidad puede recaer en la empresa armadora y en la aseguradora del desecho de petrolero, que es de lo que se trataba. Trece años después.
Pero no todas van a ser buenas noticias. Según recoge Pablo González en este periódico, la aseguradora, que se temía el fallo, blindó en la Justicia británica la póliza con una cobertura de mil millones que tenía suscrita con el armador y eso nos lleva a iniciar un nuevo proceso de ejecución que se antoja más largo que el vivido hasta ahora. Otra vez a la casilla de salida.
Podemos entender que la Justicia requiera de tiempo para la presentación de pruebas, el estudio, los análisis, las consultas, los fallos, los recursos y la vuelta a empezar. Pero en cuestiones de la importancia económica, política y social como la del petrolero, debería hacerse un esfuerzo por agilizarse y no aceptar que se prolongase más allá de tres o cuatro años.
Ahora iniciamos un nuevo proceso de ejecución de la sentencia del Supremo. Iniciamos otro camino, sabedores de que finalizará cuando sean los nietos de los afectados los que pueblen este reino. Y cuando el Prestige sea para ellos solo una batallita que les contaban sus abuelos. Con suerte, hacia final de siglo estará resuelto.