Aunque en funciones, tiene capacidad para hacer ejecutar la sentencia del Constitucional o aplicar el artículo 155
11 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Estado se enfrenta al mayor desafío a su integridad territorial desde que se instauró la democracia. El nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a aplicar la hoja de ruta que aprobó el Parlamento catalán el pasado 9 de noviembre, que culminaría con la desconexión de Cataluña del resto de España. Lo va a intentar hacer a pesar de que los partidos independentistas solo obtuvieron un 47,8 % de los votos emitidos en las elecciones del 27S que estos plantearon como plebiscitarias. Este órdago sin precedentes llega en un escenario político complicado, con un Gobierno en funciones, al que apoyan PSOE y Ciudadanos para frenar la deriva, y con la perspectiva de que se celebren nuevas elecciones en mayo o junio si los partidos no son capaces de llegar a un acuerdo que permita formar Gobierno en los próximos meses.
Declaración secesionista
Advertencia del Constitucional. El Tribunal Constitucional suspendió el 11 de noviembre la declaración del Parlamento catalán que asumía instaurar una república independiente. Además, advertía a 21 altos cargos del Parlamento y de la Generalitat de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». Dicho de otro modo, Puigdemont, como antes lo estaba Artur Mas, y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, están advertidos.
Gobierno en funciones
En casos de «urgencia» o de «interés general». La situación se complica porque en España hay un Gobierno en funciones que tiene limitadas sus facultades de actuación política. Pero sí puede actuar «en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique», según dice la Ley 50 /1997 de 27 de noviembre del Gobierno. La sentencia del Tribunal Supremo del 2005 sobre la interpretación de esta ley señaló que «el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya». Fuentes jurídicas consultadas por La Voz señalan que el desafío independentista entra de lleno en esos casos de «urgencia» o de «interés general» de que habla la ley, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy no tendría impedimento alguno en actuar contra cualquier decisión ilegal del Ejecutivo catalán.
Pero, además, en la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que aprobó el PP en solitario se hace referencia a la capacidad de actuar del Gobierno en funciones. Así, en el preámbulo se asegura que en caso de incumplimiento de sus resoluciones, el Tribunal Constitucional «podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la nación, aún en funciones, la ejecución sustitutoria».
Las posibles vías
De la vía penal al artículo 155. Por lo tanto, en cuanto el Parlamento o el Gobierno de Cataluña implementen la resolución separatista, el Gobierno podrá volver a instar al Constitucional para que ejecute su sentencia de anulación de la misma, ejecutarla de forma sustitutoria o incluso aplicar el artículo 155 de la Constitución, al que nunca ha tenido que recurrirse en democracia. Este faculta al Gobierno, con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, a adoptar todas las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir las obligaciones que le marcan la Carta Magna u otras leyes o para proteger el interés general dañado. El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, que se constituye el miércoles. Mariano Rajoy ha reiterado que utilizará todas las vías jurídicas que tiene en su mano con proporcionalidad. Esto quiere decir que solo recurrirá a la medida política más extrema, que es el artículo 155, cuando no quede ninguna otra vía que utilizar.
Generalitat
Dispuesta a tramitar leyes. Puigdemont confirmó ayer que está dispuesto a cumplir la resolución del Parlamento catalán y concretamente señaló que se van a poner a punto las estructuras del nuevo Estado catalán y se van a tramitar la ley del proceso constituyente y la de transitoriedad para llevar a cabo la desconexión. Esto supone desobedecer abiertamente la resolución del Tribunal Constitucional, que tendría carta abierta para actuar en ejecución de su sentencia de anulación.