En España llevamos ya muchos años de zozobra económica y política. Los ciudadanos están ya hartos de tanta incertidumbre. Anhelan un mínimo de estabilidad que permita avizorar la superación de la crisis que nos consume. Eso explica que los gallegos acojan con satisfacción los aires de cambio que suponen tanto la erosión del bipartidismo como la llegada de nuevas formaciones. Pero también que apuesten por un Gobierno de coalición, la única vía razonable para acometer la transformación que viene demandando la sociedad. Y porque, además, solo un pacto entre partidos hace viable la formación de Gobierno. El afán de estabilidad es tal que los gallegos prefieren nuevas elecciones a un Ejecutivo en minoría. Pero no es una opción que concite mucho entusiasmo. Parece más bien un mal menor en el supuesto de que los partidos fracasen en lo que es su principal responsabilidad: ponerse de acuerdo. No es una opción, es el mandato ciudadano y, por lo tanto, la obligación de los partidos.
Porque esa es la esencia de la democracia representativa. Los ciudadanos eligen el Parlamento y es en la cámara donde se conforman las mayorías de gobierno. Por mucho que insista en ello el PP, la mayoría de votos no es suficiente para gobernar. Necesita socios que no es capaz de conseguir. Su soledad política actual es consecuencia de su forma de gobernar durante los cuatro años precedentes. Es el precio del rodillo. Pero la incapacidad del PP no justifica cualquier acuerdo alternativo. Los ciudadanos han votado un cambio, no un salto en el vacío. Pero los socialistas aún no han aclarado qué quieren hacer ni hasta donde están dispuestos a llegar, o a ceder, para acceder al poder. Y Podemos, tercero en discordia, está empezando a demostrar cuáles son sus verdaderas intenciones, con exigencias inasumibles, como la de formar cuatro grupos parlamentarios. Cuando le interesa, suma diputados, y cuando no, los separa. Un fraude en toda regla con el que gana dinero y presencia, pero que desnuda sus miserias. Mal augurio de lo que se nos avecina.