La actual situación política solo tiene dos salidas racionales: una coalición PP-PSOE, a la que Ciudadanos podría ponerle una guinda de modernidad, o nuevas elecciones. Pero incluso estas soluciones tienen sus problemas: que la gran coalición es, gracias a Sánchez, pura quimera; y que nadie puede asegurar que unas nuevas elecciones pondrían fin al bloqueo político. Lo que sí se puede prever -y no es poco- es que, si las elecciones fuesen programadas por PP y PSOE desde una lógica consensuada de emergencia política, la coalición que hoy es imposible podría ser una obviedad dentro de seis meses. Aunque para eso se necesitan tres condiciones.
La primera es que, lejos de amilanarse -como están haciendo- ante los charlatanes de feria, aceptando que la vieja política se murió de asco, y que los nuevos inventos son la esencia de la modernidad, el PP y el PSOE tienen que afirmar lo contrario: que fueron las estructuras de la transición las que sacaron adelante esta grave crisis, y que los experimentos, también los políticos, hay que hacerlos con gaseosa. Porque si no reivindican su trayectoria -especialmente el PSOE-, y si aceptan un duelo en un campo minado por Podemos, la gran coalición no es necesaria, y nace fracasada.
La segunda idea es que la gran coalición no debe plantearse como un parche de emergencia, sino como una regeneración que dure lo que tenga que durar, y que tenga por objetivo prolongar la vigencia de los valores de la transición en vez de proceder a enterrarlos. Para eso tienen que reivindicar el bipartidismo imperfecto -en expresión de Duverger- del que tanto nos hemos beneficiado; no aceptar que se expliquen por él los brotes de corrupción; y dejar claro que cualquier reforma de la ley electoral o del modelo de partidos estará orientada, no a provocar un incierto big bang del sistema, sino a garantizar su gobernabilidad y su orden institucional.
Y la tercera condición consiste en fijar los objetivos vertebrales de su cirugía. Reformar la Constitución -incluyendo el federalismo- pero sin poner el país y su historia patas arriba. Cambiar la ley electoral, recurriendo a la segunda vuelta, para que, en vez de incentivar la desintegración de los partidos, contribuya a la gobernabilidad. Modernizar la Administración pública, la planta municipal y los modelos de financiación solidaria de las Administraciones territoriales. Y dejar claro que los servicios públicos, cuya filosofía nadie discute, solo pueden garantizarse mediante un plan de financiación que sea compatible con la consolidación presupuestaria.
Finalmente PP y PSOE volverían a discutirse el poder y a garantizar otros cuarenta años de progreso. Pero este viaje -con este personal, estas ideas y esta opinión pública- es comparable a los viajes intergalácticos: teóricamente posibles, pero prácticamente quiméricos.