Le pregunté a un magistrado del Tribunal Constitucional cómo habían conseguido redactar la sentencia que anula la declaración soberanista del Parlamento catalán en solo tres semanas, cuando suelen tardar años, y me respondió que había dos razones básicas. Una, que todos los magistrados habían acordado darle la máxima prioridad por la relevancia del asunto tratado, nada menos que la destrucción de la unidad de España. Y otra, porque era «una decisión muy fácil»: estaba clarísimo que la declaración catalana era inconstitucional en todas sus líneas y solo había que ponerse de acuerdo en los principios vulnerados de la Constitución para que ninguno quedase sin señalar.
Así se anuló la declaración en tiempo récord y lo más meritorio: por unanimidad. Ni una discrepancia. Ni siquiera de los dos magistrados catalanes. Esto de la unanimidad es un mérito del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, que dedica mucho tiempo y esfuerzo a superar las discrepancias y evitar los votos particulares, que restan credibilidad a sus sentencias. Una decisión política es constitucional o no lo es. El voto particular es con frecuencia un acto de culto al yo y de hecho está prohibido en otros tribunales europeos.
Asunto jurídicamente cerrado. Razonamientos indiscutibles con la Constitución en la mano e incluso con el Estatuto de Autonomía, que define a Cataluña como «nacionalidad que ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma». Recuerdo de que los poderes del Estado emanan del pueblo español, «sujeto unitario de la soberanía». Y denuncia de la intención soberanista de no someterse a las instituciones del Estado.
Nadie, ni los independentistas, podían esperar otra cosa. El recurso del Parlamento catalán alegando que su declaración no tiene valor jurídico, porque solo expresa un deseo, es tan falso como cobarde. Falso, porque fue un intento más de engañar al Constitucional, como tantas veces se anunció. Cobarde, porque sus redactores ni siquiera tuvieron el valor de defender sus auténticas intenciones. Posiblemente haya sido el acto de mayor cobardía del proceso de desconexión.
Ahora nos vamos a entretener. Artur Mas tiene la soga al cuello. Si acata la sentencia, lo ahorcarán los de la CUP y lo mandarán a su casa. Si apuesta por la rebeldía, quien tirará de la soga será el Estado, porque incurrirá en responsabilidades, incluso penales. Si se hace el tonto y se encierra en que la sentencia «no anula los efectos políticos» de la declaración, se engañará a sí mismo. En este lío se metió él solito y él solito debe encontrar la salida. No descartéis el delito de sedición. Y no descartéis que en su huida hacia delante conduzca a su pueblo a un enorme conflicto social.