El pase del general José Julio Rodríguez a Podemos ha sido algo insólito en este país. Imaginar a tan ilustre militar bajo la disciplina ideológica de Pablo Iglesias es algo que no entra en nuestras cabezas, acostumbradas a ver, como decía Ana Botella, peras con peras y manzanas con manzanas. Un antiguo jefe de los ejércitos españoles en el partido que empezó proponiendo salir de la OTAN parece una herejía. Un jefe del Estado Mayor de la Defensa, que organizó los desfiles del 12 de octubre, no parece el socio ideal del político que tres semanas antes había dicho que España no tiene nada que celebrar el 12 de octubre. Y escuece los ojos ver a un brazo armado de la defensa del sistema pasar sin anestesia a ser brazo político de quienes quieren cambiar el sistema.
Podría seguir indefinidamente las contradicciones que supone ver al general Rodríguez en la lista de Podemos por Zaragoza: hay para llenar todas las páginas de este diario y hasta podría repetir que un Jemad en Podemos es como un Cristo con dos pistolas. Sin embargo, por encima de todo eso está la libertad de pensamiento de José Julio Rodríguez y su derecho constitucional a participar de la vida pública como y donde literalmente le apetezca. Por eso la sanción que le impuso el Consejo de Ministros me parece precipitada, inoportuna, burda y desproporcionada. Me sale del alma acudir en su defensa.
Decidme: ¿qué hizo de malo el general Rodríguez? Sorprendernos a todos, desde luego; escandalizar a muchos, probablemente; dejar en ridículo al PSOE, que había fichado a una comandante como gran estrella, quizá. Pero nada de eso es delito ni son efectos buscados por el general. Su único error, nunca delito, ha sido dejar que se filtrara su nombre antes de que el Gobierno le concediera el pase a la situación de retiro y hacer declaraciones a los medios como si se lo hubieran concedido. Según su testimonio, lo solicitó la semana pasada.
Si el Gobierno hubiera tenido buena voluntad, le habría respondido afirmativamente, el general Rodríguez sería hoy señor Rodríguez y fin de la historia. Pero no. Supongo que por iniciativa del ministro de Defensa, se hizo un decreto ad personam y se le echa del Ejército sin derecho a defenderse. Es un tratamiento que recuerda -y lo sugirió la propia vicepresidenta- al recibido por militares que hicieron declaraciones antidemocráticas y a veces golpistas. Es inevitable la sensación de que se usó el poder para el escarnio y la humillación de un rival político. Y algo peor: es un error electoral. Se sirve la cabeza del general para ser utilizada en los mítines. Se regala a Podemos la explotación de su propio éxito. Al Gobierno, a veces, hay que recomendarle un mínimo autocontrol.