Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema social que tenemos en Galicia, la respuesta es tan mayoritaria que casi alcanza el grado de unanimidad: el desempleo, o dicho en positivo, la falta de oportunidades de empleo suficientes para todas las personas que buscan trabajo. Desde hace décadas en todas las encuestas del CIS el desempleo ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos. Y tienen razón, porque en una economía de mercado sin un trabajo no hay proyecto vital posible. Esta es la razón por la que los partidos hacen de las promesas de creación de empleo su principal oferta electoral.
Si el empleo es el primer reto para un país que tiene más de 250.000 personas en paro, con una tasa del 20 % -incomprensible en otro Estado que no sea Grecia y España- lo lógico es que las políticas de empleo tengan el máximo rango institucional en el organigrama de cualquier Gobierno.
Por eso no se puede entender la decisión del presidente Feijoo de suprimir la Consellería de Traballo en la remodelación de su Gobierno, fraccionando sus competencias y trasladando los pedazos del desguace a otras consellerías. Es inexplicable. La que debería ser la principal tarea de la Xunta de Galicia, el empleo, va a ser responsabilidad como mucho de una secretaría general, si hay suerte, o a lo peor se deja en el nivel de dirección general. Creo que es un enorme error del presidente de la Xunta con graves consecuencias para el país, en especial si se comparan las decisiones en el ámbito laboral con las que tomó en otras áreas en la remodelación de su Gobierno.
Feijoo tiene toda la razón cuando decide volver a crear la Consellería de Medio Rural y encargársela a una persona que en principio tiene el conocimiento y el interés en desarrollar políticas para la supervivencia del rural. El reciente conflicto del sector lácteo es solo el último episodio que demuestra la necesidad de disponer de una responsable con el máximo rango para encargarse de actividades básicas en la articulación de la vida económica y social de una buena parte de las comarcas de nuestro país. Pero si ese razonamiento es correcto y justifica la creación de una nueva consellería, ¿cómo se justifica que se cargue la de empleo?
El discurso de que con la vuelta al crecimiento ya no hacen falta políticas de empleo es tan insustancial que suena a simple coartada justificativa. Porque es exactamente al revés. En la fase de destrucción de empleo la prioridad es destinar recursos a proteger a las personas desempleadas y es justo cuando se vuelve a crecer cuando más falta hacen las políticas activas de empleo, esto es, las destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas, en especial las que tienen mayores dificultades para volver al mercado de trabajo, como los parados de larga duración o las personas con baja cualificación.
La formación, la orientación y la intermediación laboral ganan protagonismo justo cuando las empresas vuelven a contratar, porque sin políticas de empleo potentes decenas de miles de personas, las que están en el final de la cola del paro, están condenadas a la exclusión social de forma irreversible.