Ortega y Gasset decía que a Cataluña hay que conllevarla, pero la imputación de Artur Mas por la Fiscalía hace caso omiso del sabio consejo y añade leña a una hoguera donde se va a quemar algo más que un personaje. La nómina de mártires no necesita ser ampliada, pero la sombra de Companys convertirá en fuego la yesca en que se ha convertido la cuestión catalana. Pocas veces recuerdo una situación de tamaña irresponsabilidad y veo motivos sobrados para la inquietud, incluso el temor, ante el incierto devenir de los acontecimientos. Es imprescindible que los Parlamentos y Ejecutivos catalán y español encuentren la manera de que Cataluña pueda celebrar un auténtico plebiscito, autorizado legalmente mediante los acuerdos vinculantes que sean precisos, para que el pueblo catalán pueda ejercer el derecho reconocido por la ONU a decidir si quiere o no su independencia del resto de España y que, a la vez, el resto de España pueda debatirlo, pacífica y democráticamente, en sede parlamentaria. Pocos asuntos merecen más la pena para convocar una reunión urgente de presidentes autonómicos, pero nadie la ha puesto en la agenda.
La reivindicación de la independencia de Cataluña es un hecho histórico que ya se debatió cuando se aprobó su Estatut en la II República. No estamos ante un capricho coyuntural, pese a las durísimas circunstancias políticas de este tiempo convulso, azotados por una crisis económica terrible, con unas instituciones europeas manejadas por los intereses de los mercados antes que por los de los ciudadanos, con un Gobierno central que ha tenido uno de los mayores apoyos democráticos que la derecha ha conseguido en España y lo ha dilapidado de la peor manera posible, con un Parlament inoperante y una Generalitat al servicio de los intereses de la política neocon, refugiados en el debate independentista para tapar sus vergüenzas y corruptelas...
Por más que haya mil y una razones para pensar que no es el mejor momento para revivir esta reivindicación, tampoco se puede ignorar que las dos últimas legislaturas han creado un caldo de cultivo idóneo para que el pueblo catalán, o al menos, una gran parte, se sienta incomprendido y maltratado por el Gobierno español. El PP ha sido imprudente y beligerante desde su etapa en la oposición al negarse a aprobar parte del articulado de la reforma del Estatut que sí validó para Andalucía, Valencia o Canarias. Abrió aún más la brecha de la incomprensión y hoy parecen imposibles el entendimiento y la convivencia.
Cataluña -como Euskadi y Galicia- es una nación, con territorio, cultura e idioma propios, pero eso no tiene por qué ser un obstáculo para la convivencia armoniosa con el resto de España. Recordar errores pasados tendrá que servir para entender cómo se ha llegado a este punto de fisión sin haber puesto todos los medios para impedirlo y cómo es posible que ninguna de las partes tenga prevista una salida negociable.