Al presentar sus cuentas del último ejercicio, Volkswagen se mostró exultante: «Desde el 2007, hemos escrito una impresionante y sostenida historia de éxito», proclamó la compañía. Las cifras esgrimidas avalaban la euforia. El grupo alemán vendió en el 2014, por primera vez en su historia, más de diez millones de automóviles. Su beneficio neto se acercó a los 11.000 millones de euros -más de mil euros por coche vendido-, casi un 20 % por encima del ejercicio precedente, y su volumen de ingresos superó los 200.000 millones de euros. También creció su gigantesca plantilla esparcida por el mundo. El motor alemán funcionaba a pleno gas.
Los responsables de la compañía omitieron, sin embargo, dos capítulos esenciales de su impresionante historia de éxito. El primero lo escribieron los contribuyentes -y no solo los alemanes-, impelidos a rescatar al automóvil de la sima de la crisis. El segundo está impreso con tinta fraudulenta: la compañía hizo trampas y equipó más de once millones de vehículos con motores diésel ilegales. Sin la contribución pública y sin el engaño masivo quizá la historia de éxito hubiera sido menos impresionante. O mudado en historia de fracaso.
Pero yo no he visto a la pléyade de liberales que hoy marcan el rumbo de Europa, paladines del Estado mínimo y la desregulación a tope, extraer conclusiones del escándalo protagonizado por Volkswagen. Para ellos, con fe ciega en la eficiencia de los mercados, solo se trata de un accidente puntual, provocado por las prácticas deshonestas de una empresa. Con graves consecuencias para la multinacional alemana, daños colaterales en el sector del automóvil y algún rasguño en la reputación del «made in Germany», pero sin cargos adicionales sobre la mano invisible que asigna los recursos con criterios de eficiencia. Incluso no faltará quien, llegado a este punto, alegue: fíjese qué bien funciona el sistema que quien la hace, la paga. Y asunto zanjado.
Pues no. Permítanme que discrepe. Hay una regulación -laxa- que limita las emisiones contaminantes de los vehículos. Ante la norma, que solo busca aplazar el suicidio del planeta, el primer fabricante de automóviles del mundo prefiere desarrollar un software para saltársela -tecnología al servicio del fraude- que desarrollar motores menos contaminantes. Inducido por un perverso sistema de incentivos: le sale más barato y apenas existe riesgo de que lo pillen. De hecho, el sofisticado truco de Volkswagen fue descubierto casi por azar: en el marco de un modesto proyecto de investigación dotado con 45.000 euros. El virus resultó más caro que el antivirus.
De donde se deduce que el mercado no siempre es eficiente y que los poderes públicos están obligados a corregir sus desviaciones. Los señores de Volkswagen deberían saberlo, porque su «historia de éxito» comenzó el año en que, abrumados por el desplome de la demanda, el Estado alemán decidió abonar 2.500 euros a cada ciudadano que cambiase de coche.