Más allá del grado de acuerdo o desacuerdo que cada cual pueda tener con las soluciones que proponen los ganaderos gallegos, españoles y europeos para hacer frente con urgencia a los problemas derivados del bajo precio en origen de la leche, nadie negará que la gran preocupación sobre el futuro que vive un sector en grave crisis está justificada plenamente, como lo está, en consecuencia, su decisión de presionar, en busca de soluciones, a las autoridades autonómicas, nacionales y de la UE.
¿Es posible, en todo caso, llevar a cabo esa presión sin que la misma limite los derechos de los miles de personas que se están viendo afectadas en Santiago por los efectos de las llamadas tractoradas? Sin ningún género de dudas. Los ganaderos pueden hacer llegar sus reivindicaciones a los poderes públicos y realizar una demostración de fuerza sin que ello se traduzca en que los ciudadanos acaben siendo rehenes de la protesta por un conflicto del que no tienen culpa alguna y de reivindicaciones que no está en sus manos atender.
Una ciudad, aunque no sea muy grande, como sucede en el caso de Santiago, es un organismo vivo, cuyas venas y arterias son las vías de comunicación por las que circulan a diario docenas de miles de conductores que se dirigen o salen de sus centros de trabajo; que van o vienen a las urbanizaciones donde viven y que se sitúan en los cinturones de las urbes; que acuden a llevar o a recoger a sus hijos al colegio; que viajan desde sus pueblos a la Universidad y viceversa; que van a comprar, a vender, a repartir y a recoger o depositar suministros; que salen o llegan de viaje en tren, en avión o en autobús; que van a o vienen de visitar a un familiar que necesita de su ayuda o su atención: en una palabra, que se mueven en transporte público o privado porque hacerlo es indispensable en muchas ocasiones en el mundo de hoy en día, de modo que bloquear el tráfico e impedir gran parte de esos desplazamientos es una forma de provocar un grave daño sin obtener a cambio ningún otro beneficio que presumir de que se ha sido capaz de poner una ciudad patas arriba, impidiendo a sus habitantes hacer la vida normal a la que tienen todo su derecho.
Por eso somos muchos los que, aun teniendo un profundo respeto por las movilizaciones de quienes lo hacen en una situación de indudable gravedad en defensa de sus legítimos intereses profesionales y económicos, no logramos entender por qué los responsables de la organización de las llamadas tractoradas lejos de hacer todo lo posible para minimizar el daño y las molestias a las personas que no se los merecen, se empeñan en amplificarlos, mediante un injusto bloqueo de las vías de comunicación, que no tiene otro efecto que el de hacerle la puñeta a mucha gente y el de perder la simpatía que gran parte de ella siente por su causa.