Una ley absolutamente innecesaria


Con la aprobación de la ley 5/2015 sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, Galicia se sumó el pasado 26 de junio al club de comunidades autónomas que tienen un texto normativo en esta materia. Tras el pistoletazo de salida de Andalucía en 2010, vinieron luego las leyes de Navarra y Aragón en 2011, Canarias (9 de febrero de 2015) y Baleares (23 de marzo de 2015). El País Vasco actualmente está tramitando una ley similar, si bien en la sesión plenaria celebrada el 4 de junio de 2015, su parlamento aprobó una proposición no de ley formulada por el grupo socialista que insta al Gobierno de España a modificar la legislación relacionada con el suicidio asistido y la eutanasia, a fin de despenalizar dichas prácticas. Con ocasión de la entrada en vigor del texto gallego la semana próxima, quiero ofrecer algunas reflexiones sobre esta proliferación normativa. Lo primero, señalar que estamos ante una iniciativa legislativa de los socialistas, al igual que ocurrió en Andalucía, en Canarias y en Baleares; en Navarra la iniciativa fue del grupo Nafarroa Bai y en Aragón de Izquierda Unida. Recordemos también que en 2011 el Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa similar, reiterada por el grupo socialista en abril del año en curso.

La iniciativa de esta ley no es, pues, algo aislado y parece obedecer a una estrategia de la izquierda española bien clara: ir generando el necesario caldo de cultivo para en un futuro próximo dar el paso a la despenalización de la eutanasia, como claramente evidencia el acuerdo adoptado en el parlamento vasco. ¿Y cuál es la postura del Partido Popular? Tirar palante como buenamente se pueda, pues mientras en unos casos vota a favor (Galicia, Baleares) y en otros se abstiene (Canarias), en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, vota en contra (eso sí, salvo tres diputados, la señora Villalobos incluida). Y quiero subrayar que todos los textos son prácticamente idénticos, calcados del primigenio andaluz. La ley gallega, como sus homólogas, no aporta nada nuevo a la legislación existente, tan solo reproduce principios básicos, derechos y deberes ya reconocidos, tal es el caso del derecho a la información, a la confidencialidad, a la toma de decisiones, a otorgar instrucciones previas. Pareciera que nuestros parlamentarios mantuvieran esa mentalidad mágica de la que les hablaba en mi artículo de la semana pasada, sin darse cuenta que las leyes no cambian automáticamente la realidad y que lo que verdaderamente hace falta en nuestro territorio es un esfuerzo riguroso, constante y amplio de educación en Bioética; y recursos humanos y materiales para garantizar esa asistencia integral y de calidad en el final de la vida.

Sorprende, por otra parte, que se cite la ley 3/2001 reguladora del consentimiento informado en nuestra comunidad y no se aluda para nada a la ley 3/2005 que la modifica. Sorprende, también, que se incluya en el capítulo de definiciones el término ortotanasia, un concepto claramente desfasado y que nunca gozó del favor de los profesionales de la Bioética. Sorprende, y mucho, la disposición final segunda, en la que se insta a modificar la regulación de los Comités de Ética Asistencial para que puedan asesorar y emitir informes a fin de garantizar los derechos de las personas enfermas terminales: ¡pero si esto ya conforma una buena parte de la actividad de los CEA! En fin, que nuestras señorías no se enteran y, por tanto, habrá que darles un suspenso en Bioética.

Estamos mareando la perdiz, y perdiendo el tiempo y el dinero de los contribuyentes. Obviamente la intención de mejorar la asistencia a los enfermos terminales es buena, pero recuérdese que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Los hechos demuestran que las declaraciones grandilocuentes sirven de bien poco, como evidencia, por desgracia, el fracaso colectivo en la aplicación de la ley de la dependencia.

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