La sentencia de la Audiencia Provincial conocida ayer sobre el pleito entre Gadisa y el FROB por los 10 millones que la empresa gallega invirtió en NCG Banco son un palo para esa firma, sí (aunque un palo recurrible); pero también lo es para otros empresarios que apostaron fuerte, y públicamente, por mantener en Galicia (ese era el propósito) una entidad financiera al servicio de la economía de este pequeño país. Esto se consiguió. Pese a maniobras en Madrid, esta esquina mantiene un banco propio, con sede aquí, del que dependen 4.000 familias y buena parte del PIB regional. Como sucede en Cataluña, en el País Vasco, en Aragón y en Andalucía. Lo consiguió por la tenacidad de sus anteriores gestores y por la apuesta de sus actuales propietarios. Pero también por el empeño de un grupo de empresarios que confiaron en una entidad de país en un momento (finales del 2011, inicios del 2012) de terrible dificultad para el sector financiero. Se trataba de lanzar una señal en positivo. No hubo otro caso, de tal confianza y de defensa de una entidad, en España. Lo pagaron perdiendo todo su dinero: 70 millones. Apostaron por una cuestión de patriotismo, si se quiere, como dice la propia sala de la Audiencia Provincial (otra cosa es el tono en el que se refiere a ese patriotismo). El proceso judicial que ha seguido ha dado lugar a sentencias contradictorias, de las que se extrae, al fin, que hacer país puede ser injusto y salir caro.