El acuerdo de la lista conjunta pactada por Mas y Junqueras para las elecciones autodenominadas plebiscitarias del 27 de septiembre con la programada hoja de ruta es un peldaño más en la larga escalada del desafío al Estado constitucional. El líder de ERC ha aceptado que el president, a quien comentaristas daban por noqueado, seguiría siéndolo si ganan las elecciones. Mas lo ha jugado todo a la carta de la independencia de Cataluña. En esa acelerada carrera se ha roto CiU, que ya no le servía para ese propósito. El pacto podría interpretarse como síntoma de que el independentismo catalán se ha visto obligado a concentrar fuerzas, porque de otra manera el éxito era imposible. Pero el desafío ha ido tan lejos y el tiempo que queda hasta las elecciones es tan corto, que sería una irresponsabilidad esperar simplemente a que el temerario conductor se estrelle. El Gobierno puede y debe, como ha anunciado con reiteración, emplear los medios jurídicos de que dispone el Estado para impedir cualquier iniciativa que atente contra su unidad. Es la respuesta política del presidente Rajoy y la tecnocrática de la vicepresidenta. Pero no creo que esa actitud defensiva sea suficiente para encarar el problema político de mayor envergadura. Ni habría que supervalorar las maniobras separatistas, ni confiarse en que los sondeos sociales han ido registrando una disminución de los partidarios del separatismo. Los mismos que no han acertado los triunfos, inesperados incluso para sus beneficiarios, en las pasadas elecciones.
La partida está emplazada, de momento, para el próximo 27S. Es allí donde habrá que jugarla. Puede ser el Waterloo de Mas y, sobre todo, debiera servir para la reorientación de la «cuestión catalana». Depende, como en toda pugna democrática, del sentido de los votos emitidos. La iniciativa de una coalición entre PP, PSC y Ciudadanos me parece inviable, por los diferentes intereses de esos partidos y sus expectativas. Pero, dejando a los hechos su confirmación, me parece improcedente para conseguir que sea derrotada la candidatura separatista. Reafirma esa convicción lo ocurrido en el País Vasco cuando los constitucionalistas PP y PSOE intentaron ganar a los nacionalistas. Para conseguir una mayoría habría que contar con el voto de todos los que no son partidarios de un Estado catalán, que empezaría fuera del abrigo de la Unión Europea y Grecia no ha despreciado.
Ayudaría una acción política del Gobierno. Ahora que a destiempo intenta aprobar un proyecto de ley electoral en el que domina el objetivo táctico de colocar al PSOE en una posición difícil, con una más alta finalidad podría proponer convertir la disposición transitoria segunda de la Constitución, que cumplió su misión, en adicional reconociendo simplemente la identidad singular de los territorios concernidos. Sobre ese soporte quedaría sin sentido la declarada inconstitucionalidad de los «símbolos nacionales» de Cataluña. Su rechazo no sería fácil.