La difícil situación en la que aún están muchas empresas ha convertido los concursos para asignar contratos públicos en un auténtico campo de minas, en especial en el sector de la construcción. Con la edificación de viviendas prácticamente paralizada, el acceso a la obra pública ha sido la tabla de salvación de muchas empresas que, por sus características, no pueden acceder a mercado externos. Sin embargo, la inversión pública también se ha reducido a menos de la mitad, lo que ha creado una situación explosiva: más empresas compitiendo por menos obras, muchas con su futuro en juego ante la falta de otras alternativas. El resultado de esta situación ha sido la proliferación de ofertas con baja temeraria: ofrecer precios por debajo de los costes para conseguir un contrato, una práctica que se ha hecho habitual , sobre todo para las empresas que están en peor situación y ganar una licitación se convierte en un asunto de vida o muerte empresarial.
Las Administraciones públicas han sido cómplices de algún modo en este proceso de dumping empresarial porque se benefician en el miope corto plazo: en períodos de restricción presupuestaria adjudicar obras a bajo precio alivia sus cuentas. Pero, en realidad, esta práctica es muy perjudicial para todos, para las empresas, para los trabajadores, para la sociedad y también para las Administraciones públicas.
Para las empresas, porque una cosa es reducir márgenes abusivos y otra es ofrecer precios por debajo del coste, que acaba hundiendo más a la empresa, que deteriora al conjunto del sector o que se acaba trasladando a las empresas auxiliares o subcontratadas. Para los trabajadores del sector, que acaban pagando con sus salarios, con sus condiciones laborales, con la duración de la jornada o con la falta de seguridad y salud laboral el deterioro del precio, que se traslada a lo largo de la cadena de subcontratación en la que se organiza desde hace años el sector de la construcción, en especial en la obra pública.
Al conjunto de la sociedad también, porque las empresas que ganan contratos con baja temeraria acaban rebajando el nivel de lo que producen, vía calidad de los materiales o de los procesos constructivos. Son obras más baratas, pero peores. Pero también las Administraciones públicas acaban pagando el precio de aceptar este modelo de competencia, porque la adjudicación a la baja de los precios se acaba volviendo en su contra. La mayoría de las empresas que ganan concursos públicos con ofertas muy a la baja intentan, y en muchos casos lo consiguen, modificar posteriormente el precio, lo que explica la generalización de los sobrecostes en un porcentaje elevado de los proyectos públicos. Una mala praxis que no solo distorsiona gravemente la competencia sino que está en el origen de prácticas corruptas. Pero hay situaciones todavía peores para las arcas públicas: la de las empresas adjudicatarias que ya estaban en mala situación financiera y que acaban quebrando, lo que supone costes de todo tipo, desde los judiciales hasta los retrasos en la ejecución de las obras.
Son cientos de empresas, miles de trabajadores, y millones de euros de lo que estamos hablando, y por eso las Administraciones públicas no pueden hacer del precio el criterio exclusivo de sus adjudicaciones, porque con ello acaban fomentando las bajas temerarias.