Resulta escandaloso que una residencia de ancianos pueda estar funcionando durante años sin la preceptiva licencia. Que además la Administración competente tenga constancia de serias deficiencias de mantenimiento e higiénico-sanitarias desde hace varios años y no haga nada al respecto, tan solo abrir un expediente, ya es algo más que escandaloso: pongan ustedes mismos el calificativo.
Si no hubiera habido este incendio, la cosa habría seguido como si nada. Pero que, cuando hay ocho muertos sobre la mesa, la consejera de turno justifique esta situación con la burocracia administrativa es, cuando menos, vomitivo.
Palabras, las personas en situación de dependencia llevan años oyendo muchas palabras bonitas... Mientras tanto, los ancianos más frágiles y vulnerables siguen padeciendo en sus carnes el cinismo de unos políticos que con la boca proclaman que este colectivo es prioritario pero no así con los hechos.
¿Y qué decir de la indolencia de una sociedad que lo tolera? Hay dinero para salvar la industria automovilista, hay dinero para cambiar rótulos de calles y plazas, hay dinero para tantas cosas, pero no lo hay para garantizar a nuestros mayores una atención geriátrica especializada y de calidad.
Las leyes están para cumplirse, también la ley de promoción a la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Por dignidad, por justicia social, por salud democrática.