10 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.
Están acusados de haber modificado sus condiciones laborales para poder cobrar indemnizaciones más elevadas cuando dejasen la caja gallega. Ellos insisten en la legalidad de los contratos que firmaron. Si esos acuerdos son legales o si cometieron un delito de apropiación indebida deberá decirlo el juez. A lo que no van a poder escapar es al juicio público en relación a su catadura moral. Un grupo de ejecutivos que se arregla su jubilación, ya de por sí millonaria, cuando con su gestión han dejado agujeros negros en las cuentas de la entidad y en las de los clientes a los que no dudaron en engañar con las preferentes es de todo menos ética y responsable.