Centremos el asunto. Lo que a partir de hoy se juzga en la Audiencia Nacional no es la cuestionable gestión de los directivos de las dos cajas gallegas (convertidas en Novacaixagalicia en diciembre del 2010), sino el conocimiento o no que pudieron tener el consejo de administración y las autoridades (Banco de España) de las indemnizaciones millonarias que se llevaron 4 de aquellos altos cargos bancarios, con la complicidad del poderoso Julio Fernandez Gayoso y un abogado externo.
Acotemos el asunto a su magnitud. Convertir este proceso en una causa general contra una entidad o contra un modelo (el de las cajas de ahorros) es un caramelo, sobre todo para un Gobierno que quiere demostrar, sobre todo a Europa, que es inflexible (ahora) con quienes tumbaron el sistema bancario. Es un caramelo este casó. Pero también una injusticia. Por varias causas. Primero, porque en el banquillo no están (por ahora) todos los que en su día tuvieron responsabilidades directas sobre aquellas entidades. Segundo, porque podrán ser éticamente reprobables las cantidades percibidas por los directivos encausados: 18,9 millones son muchos, sí. Pero esto no es Caja Madrid, no hablamos de black, de connivencias entre partidos, empresarios y sindicatos, sino de contratos de alta dirección conocidos o no conocidos por consejo y regulador. Y aún siendo una cantidad importante, que lo es, puesto en contexto con las ayudas que tuvo que recibir la entidad no lo parecen tanto: casi 9.000 millones de euros del erario.
Por las preferentes (1.800 millones colocados a más de 100.000 clientes con todo tipo de estratagemas) ni un directivo ha penado. Por cuestionables inversiones en el ladrillo o en empresas sin un mínimo rigor, lo mismo (por ahora). Ese es el bochorno.