Todo va bien, insiste el Gobierno en este año plurielectoral. España enfila una autopista de crecimiento con tiempo despejado y perspectivas tan positivas que permitirán crear empleo a ritmo creciente, bajar impuestos y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que tanto se han esforzado en estos años.
¿Tendremos entonces mejores servicios públicos o recuperaremos al menos niveles de antes de la crisis? No lo parece, en áreas tan sensibles como la sanidad, si se escuchan voces expertas como la del presidente de la Organización Médica Colegial. Hace pocos días estimaba necesario alzar la voz ante el anuncio de nuevos recortes, para que los recursos públicos destinados a Sanidad se sitúen en el 5,3% del PIB en el 2018 (dos puntos menos que en el 2012). Esto «hace imposible poder mantener los estándares de calidad que tenemos, porque puede llegar a representar unos 7.000 millones menos de euros en comparación al cierre del 2014», subrayó el máximo representante de los médicos.
Es decir, que no hay perspectivas de que mejore la dotación de personal sanitario de hospitales y centros de salud -en los que solo se repone la mitad de las vacantes que se producen- y que continuarán los contratos precarios y la elevada rotación en las sustituciones de facultativos de baja, con contratos por semanas, días e incluso por horas, que hacen que muchos pacientes se encuentren a un profesional distinto cada vez que tienen que acudir a su centro de salud.
Claro que si, como augura el Gobierno, habrá más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, siempre podrán recurrir a la sanidad privada. Los que puedan permitírselo, claro.
¿Será ese el objetivo?