La foto de la mano del agente sobre la nuca del que fue Vicepresidente del Gobierno y Director del Fondo Monetario Internacional ha sido impactante. No solo por lo que significa el posible blanqueo de dinero por quien ha tenido altas responsabilidades en la economía y hacienda de nuestro país, sino también por la espectacular detención, propia de la filmación de una película. Si a ello se añaden las contradicciones procesales detectadas, se da pie para dudar de la seriedad de un Estado democrático consolidado. La ley ha de aplicarse a todos; incluye procedimientos y derechos fundamentales. Las filtraciones habidas dañan la seriedad del Estado. Es asumible que no proceda del gobierno; pero este, en todo caso, debe investigar la autoría. No es cuestión de agotar el tema, pero incide en una vaga sensación de que existe un cierto desequilibrio entre la garantía judicial y el poder de la Administración. ¿Desde cuándo y cómo se vigila a una persona? Expresiones castizas -«la repera patatera»- pronunciadas en sede parlamentaria por el responsable de la Agencia tributaria sobre la información que se tiene, transmiten la sensación de un uso discriminatorio, frívolo e, incluso, atemorizador. En un alarde de eficacia se justifica la necesidad de actuar con «sorpresa e inmediatez». Queda en el aire por qué de los ciudadanos que van a ser ¿o están siendo? investigados se ha comenzado por esa pieza de caza mayor. Las explicaciones dadas han sido variables. Como primer cortafuego, que es un asunto personal y el afectado no es del PP. Cierto que no lo es desde el punto de vista formal; pero forma parte de su historia de un modo relevante. Lo confirma el Ministro de Hacienda, que estuvo a sus órdenes, al tomar el caso como una prueba contundente de la igualdad de todos ante la ley. Podría haber desilusión, lamento, bochorno, enfado por el comportamiento de su antiguo superior, pero no innecesaria asepsia. Desde el mismo bando, contra el ataque de la oposición, como los garbanzos no están en un único puchero, se sostiene que no todos funcionan de la misma manera. En este caso actúa diligentemente la Administración y en los ERE tienen que actuar los jueces. El gobierno decidió libremente lo que el Ministro precisa fue una discutida regularización fiscal. Tiene que lidiar con los efectos colaterales, incluida la desenfadada rectificación de la Vicepresidenta que había dicho amnistía, para que se le entendiera. La diferencia no es baladí. Por desgracia este no es un episodio aislado. Se suma a otros de diferente entidad, continuados y en número significativo que pueden dar la impresión de que el sistema democrático alumbrado por la Constitución está desmoronándose. A los de carácter personal habría que añadir el funcionamiento decepcionante de instituciones reconocidas en ella, empezando por los partidos políticos y culminando en el Tribunal Constitucional. La solución no está en el derribo de las instituciones, sino en su regeneración.
