La Constitución, en su artículo 14, es clara respecto a que todos los españoles somos iguales ante la ley. Eso implica que un gallego, por su condición de tal, no debe tener que pagar una cifra astronómicamente superior a un, pongamos por caso, madrileño, en el supuesto de tener que tributar por sucesiones. Si las arcas españolas lo necesitan, pues tributamos todos, y si por lo que parece no es así, que la Xunta de Galicia se ponga las pilas y nos evite el agravio comparativo de padecer semejantes sangrías al fallecimiento de un ser querido, cuando en buena parte del territorio nacional se hace de una forma meramente testimonial.
En 2014 en Galicia se han renunciado a dos mil cincuenta y dos herencias por no poder los herederos hacer frente a un impuesto sobre la misma riqueza que se origina cada vez que esta se transmite de una generación a otra, todo ello con independencia que es un tributo claramente desincentivador de la inversión y el ahorro familiar.
Y es que además, al margen de razones recaudatorias, este columnista no entiende porqué un vecino de Carballo tiene que pagar un potosí por un piso que le deja su padre, tras invertir en él los ahorros de toda una vida, y por el contrario uno de Móstoles se sale de rositas o abona lo equivalente a los cafés que consume un hipertenso en un mes.