Este reino nuestro los grandes asuntos nos los tomamos con la seriedad y sensatez que merecen. Los cambios sanitarios se los damos a hacer a un filólogo; las cosas del orden público a un ingeniero industrial, aunque hubo un tiempo en que lo hicimos a un electricista. El trabajo y acabar con el paro, a una profesional de los chollos de confianza, y la educación a un sociólogo. Y como además cuentan con grandes conocimientos de lo que se les encomienda, no precisan de asesoramiento. Así tenemos que se legisla a la contra, que es lo que hay que hacer. Contra los abogados, contra los profesores, sanitarios, fuerzas de orden y, en general, contra los principales implicados y afectados en cada cambio. Ayer mismo el Gobierno sacó adelante una nueva reforma universitaria que no cuenta con el respaldo de nadie, especialmente de nadie que sepa de educación, ni de quienes la imparten o reciben. Pero ya estamos acostumbrados.
Como en las rebajas de enero, acortaron los grados de cinco a tres años, con lo que reducen también en gran medida los contenidos, impartiendo una formación más generalista y trivial. Eso sí, se compensa ampliando los másteres que es donde se establecen las diferencias entre los de la calle Serrano y los de Orcasitas. En eso consiste la cosa.
Y eso que mejoramos mucho, porque hubo un tiempo en que las reformas educativas las marcaba el cojo Manteca a bastonazos por la Gran Vía madrileña. Hoy no; hoy las deciden unos señores muy sabios que, conscientes del futuro que nos están levantando, saben que lo mejor es que los jóvenes no pierdan mucho tiempo en la universidad. Para irse al paro, no hay que esforzarse tanto.