Es descorazonador escuchar a personas de 40 o 50 años decir que ya no hacen planes, ni siquiera para el futuro más inmediato. La ciencia les abrió una puerta a la esperanza con fármacos de nueva generación, pero las discutibles reglas del juego del mercado farmacéutico y los ruines vericuetos de la Administración (de la política, más bien) les mantiene secuestradas las expectativas.
Son enfermos de hepatitis C que, como ellos dicen, viven con el reloj siempre en la cuenta atrás. A la dificultad de tener que convivir con un mal que saben que cada día que pasa los va consumiendo un poco más, se añade ahora la crueldad de tener la certeza de que solo una obscena discusión económica impide que se les aplique un tratamiento que se conoce ya que es efectivo. Hay casos en los que, incluso, los pacientes tienen prescrito el fármaco por su médico desde hace dos o más meses, pero siguen a la espera de que las comisiones de evaluación autoricen a realizar un gasto que para un tratamiento de doce semanas puede rondar los 50.000 euros.
La pregunta no es ya si hay alguna razón que justifique que una medicina tenga ese coste que, de primeras, se antoja desorbitado. La cuestión es por qué consentimos la inmoralidad de dejar que muera una sola persona teniendo a mano un medicamento que podría evitarlo. Estamos curtidos para soportar que situaciones como esa sucedan lejos de nosotros con el sida, el ébola y hasta con la malaria, una enfermedad que en nuestra latitud hace mucho dejó de ser letal. Quizás reaccionemos ahora que es al vecino, al hermano, al padre o al hijo a quien se le escamotea la salud.
¿No es esto una denegación de auxilio en toda regla?