Uno podría interpretar la coda del reciente artículo de Enrique Castellón: «Si continuamos sin invertir en instituciones evaluadoras para que cuenten con medios y sean independientes (y en consecuencia, transparentes) sufriremos tensiones políticas insoportables y dilemas éticos profundos con cada avance tecnológico», en el sentido de que la dejación, la debilidad o el abandono de organizaciones públicas para que velen de lo público y común nos llevará indefectiblemente a situaciones tan injustas y escandalosas como el tratamiento con Sovaldi de los enfermos de hepatitis C, y otras bien recientes.
Pertenece a la cultura de masas, luego de la novela de John le Carré y la película del brasileiro Meirelles, el confuso e inmoral papel de las multinacionales farmacéuticas en el desarrollo y comercialización de sus productos. Por ello, poca novedad existe en las estrategias de compra, fijación de precio y comercialización del Sovaldi por parte de su último tenedor, la multinacional Gilead. Pero lo más llamativo es que la gestión de este medicamento en España pareció ajustarse al modelo descrito por un alto cargo ministerial, copartícipe de la gestión, en su carta reciente de dimisión: un modelo de prestación farmacéutica con ausencia de puesta en valor real de los medicamentos, entregado casi exclusivamente a los criterios económicos de carácter particular o lobista. Si bien tal modelo no logre explicar por si solo el desaguisado, y la desprofesionalización de la gestión haya sido colaborador necesario.
En el caso de la hepatitis C y su gestión encontramos algunas cuestiones descorazonadoras. El Sovaldi fue aprobado en el sistema de salud de España en febrero del 2014. Al parecer, existen protocolos que los especialistas en esta dolencia consideran obsoletos. La inacción de las autoridades sanitarias en relación a precios para su comercialización en España generó una progresiva desigualdad primero entre los desiguales -diecisiete descoordinados- sistemas de salud, y posteriormente entre los enfermos con diferentes estadios de desarrollo de la enfermedad, sin que por las autoridades sanitarias se diera respuesta a los dilemas éticos planteados ni a las tensiones políticas generadas.
En fin, lo habitual en muchas de las crisis sanitarias de estos años, que hace necesario que la tensión se traslade a la calle, a la opinión pública y a la política, con cambios en el Ministerio de Sanidad incluidos, para que se vislumbre un mínimo de racionalidad evaluando, al cabo de doce meses, las características epidemiológicas y revisando los protocolos de atención a la enfermedad. Sorprendente.
Sin embargo en este erial de las Administraciones públicas que es España, hay casos paradigmáticos de normalizada gestión de la salud. Ahí tienen la ONT, que lleva la gestión de trasplantes, donde luego de 25 años y a pesar de envites múltiples, quizá alemanes, quizá andorranos sobrevenidos y de políticos sin más, consigue desarrollar y mantener una eficaz gestión pública de la salud en su área.