Cuando el presidente del Gobierno inauguró ayer el tramo de la Autovía del Cantábrico (A-8) entre Unquera y La Franca, en Asturias, esgrimió el logro que supondrá viajar desde Faro (al sur de Portugal) a París (al norte de Francia), pasando por Galicia. Lo que en principio sería entendible a escala geográfica, a través de la continuidad de un trazado por la costa atlántica y cantábrica, tiene sin embargo poco que ver con la realidad, en donde nadie de Faro o París irá por Galicia.
Las razones no tienen solo que ver con la distancia, en donde la diagonal por Madrid es menor que la suma de los catetos por la costa en el trayecto ibérico, sino que quien se lo plantee pensará en el coste de los peajes de las autopistas de Portugal y de Galicia, mientras que en el resto del territorio hispano las autovías libres de peaje (incluida la A-8), le permitirán llegar al País Vasco, desde donde, otra vez mediante el peaje, podrá acceder a París por autopista, aunque por un trayecto que solo en primer término sigue la costa. La apuesta en España hace treinta años, a partir del Plan de Carreteras de 1984, por una red de autovías radiales libres de peaje, ha producido la contradicción actual de las vías de alta capacidad, frente a las concesiones de autopistas desde finales de los años sesenta (aunque por un sistema que hoy sería rechazable) que repercuten en la accesibilidad de los distintos territorios, incluido Galicia, en donde la autopista del Atlántico (AP-9) ha sufrido ya dos aumentos de la concesión a partir de la segunda mitad de los noventa, que han impedido que estuviera libre de peaje ya en el siglo anterior.
Los debates que hemos tenido este verano en Galicia, sobre la reducción de los peajes de la AP-9, sobre los colapsos de las áreas de peaje en el acceso a las ciudades, o sobre la transferencia de la autopista a la Xunta de Galicia, ponen constantemente en cuestión el modelo de carreteras de alta capacidad que tenemos en estos momentos, y las decisiones que las propias Administraciones autonómicas han venido tomando desde los años noventa para liberar tramos de autopista (incluidos aquellas construidas por ellas) que repercuten fuertemente en los presupuestos autonómicos a través de los modelos concesionales hoy insostenibles económicamente.
Frente a las promesas de autovías paralelas a las autopistas, que como hemos visto en el norte de Portugal son difíciles de sostener en estos momentos, y que en Galicia tampoco tendría sentido en el caso de la AP-9, parece que el modelo futuro tiende hacia la homogeneización de los peajes, reduciendo el de las concesiones de los años sesenta y setenta, para evitar el fuerte descenso del tráfico que se está produciendo de las mismas, y estableciendo peajes blandos para las autovías que sirvan al menos para hacer frente a los gastos de conservación.
Carlos Nárdiz es Doctor ingeniero de Caminos, canales y puertos.