El procesamiento de la infanta Cristina es discutible. Lo demuestran los recursos del fiscal Pedro Horrach, que ha intentado por todos los medios que la infanta no se sentara en el banquillo, y lo hizo con argumentos sólidos. Sin embargo, la última palabra es del juez, y la usó con argumentos también muy sólidos. Leído su último auto, es evidente que no había más remedio que el procesamiento. La única duda que deja es si el magistrado señor Castro ha actuado desde la intención inicial de procesarla y se guió siempre por ese objetivo. Y la única objeción que se puede poner a su auto, igual que a los anteriores, es que parece más una sentencia que deja a la imputada sin derecho a la presunción de inocencia que un escrito de imputación final.
En este sentido, los dos protagonistas judiciales del caso se han excedido. Se excedió el juez, por lo que acabo de apuntar, y se excedió el fiscal, hasta el punto de que pareció que había asumido el papel de abogado defensor. Hubiera sido aconsejable una instrucción con menos vehemencia verbal. Pero que esa circunstancia no sirva para disminuir la importancia del caso. Estamos ante un hecho muy relevante. El procesamiento de una infanta de España, aunque no pertenezca al núcleo de la Familia Real, es un grave acontecimiento que significa que la corrupción ha alcanzado el más alto nivel institucional. Aunque la Corona fue irreprochable al asumir la igualdad de todos ante la ley y asegurar que «cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada», la actuación del matrimonio Urdangarin-Borbón dañó a la Monarquía y fue una de las causas de su descenso en el aprecio popular.
Ese daño solo se repara de una forma; precisamente de la forma que dijo el rey Juan Carlos y que presumiblemente ratificará mañana el rey Felipe: haciendo cumplir la ley sin distinción de personas. Si la hija y hermana de rey delinque igual que un ciudadano normal, es deber del Estado que sea juzgada con la misma severidad y es derecho suyo tener un juicio justo. Con todo el morbo que corresponde a su persona, pero con toda la normalidad que se puede esperar del sistema constitucional. Ser imputada y sentarse en el banquillo no es ser condenada. La mayor condena de la infanta es la que ya dictó la opinión pública mucho antes de la decisión del juez Castro.
Desde esta perspectiva, la noticia es dolorosa para quienes apreciamos la labor de los reyes Juan Carlos y Sofía y ahora entendemos el trago que tienen que pasar como padres. Pero es magnífica para el sistema. Al menos desde el punto de vista procesal, no hay privilegios. Es cierta la igualdad ante la ley. Empieza a ser verdad que quien la hace, la paga. De momento es cuanto se puede pedir.