Si llevas más de media hora navegando por el Portal de la Transparencia y no solo no has localizado la información que buscas, sino que ni siquiera has sido capaz de registrarte para poder acceder al contenido deseado, es que algo no está bien de todo. Puede que seas un usuario torpe en el proceloso mundo de Internet, pero nos da por pensar que más bien será que aún hay algo de opacidad. Está muy bien que los ciudadanos dispongamos de un sitio donde podamos conocer cuánto gana el presidente del Gobierno, qué empresas se llevan los contratos públicos o que nos enojemos aún más con la gestión de los responsables de alguna empresa pública cuando conocemos sus retribuciones. Está muy bien, además, que todo esto obedezca al cumplimiento de una ley que, se supone, tiene como objetivo recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos y las instituciones. Falta hace.
Tener más de medio millón de datos sobre la Administración y sus responsables a disposición de quien quiera consultarlos es un gran avance. Pero lo suyo es que los caminos de acceso sean menos disuasorios. Por ejemplo, que para cumplimentar el registro no te remitan a la página de la Agencia Tributaria, que siempre impone. O que quien no tiene Internet (aún quedan unos cuantos) y quiera saber cómo se usan sus cuartos, disfrute, en la práctica, del mismo derecho que un vecino digitalmente culto.
A lo mejor la virtud de este portal no estará tanto en una masiva consulta (pasada la fiebre inicial) como en la obligación de los cargos públicos a retratarse. En todo caso, y por si había expectativas, este portal, que es aún más translúcido que transparente, no es la herramienta que acabará con la corrupción.