Este lunes, en el programa de V Televisión que dirige y modera Fernanda Tabarés, cinco de los contertulios habituales de Vía V debatimos durante casi dos horas con un representante gallego de Podemos, quien trató de explicar algunas de las propuestas que defiende su partido.
Tales propuestas son, en líneas generales, de tan difícil plasmación que, aun en el muy improbable caso de que Podemos llegase a gobernar, todo hace pensar que el partido se vería obligado a hacer lo que otros tantos cuando han alcanzado el poder con un programa de hecho irrealizable: dar marcha atrás, decir digo donde antes había dicho Diego y tratar de capear el temporal de un flagrante incumplimiento electoral.
Por tanto, he de confesarles que las ideas que más me inquietan del tosco programa de Podemos no son aquellas a las que sus dirigentes tendrían que renunciar desde el poder sino las que, en compensación, podrían adoptar para demostrar que son los auténticos enfants terribles de la política española. Una de entre ellas constituye no solo un desatino, sino una palpable prueba de los resabios autoritarios que anidan todavía en el ideario de nuestra pueril extrema izquierda .
Me refiero, por supuesto, a la iniciativa de crear ese organismo encargado de vigilar el ejercicio de la libertad de prensa que Podemos defiende desde su constitución. ¿De qué organismo hablamos? ¿Quién lo nombraría? ¿Qué funciones tendría atribuidas? La respuesta es evidente, porque fuera cual fuera su naturaleza, el sistema de elección o nombramiento de sus miembros y sus funciones, el organismo se convertiría de inmediato en un censor político destinado a limitar la libertad de prensa que garantiza una opinión pública libre en cualquier sociedad democrática digna de tal nombre.
Decía Thomas Jefferson que, puesto a elegir entre Gobierno sin periódicos y periódicos sin Gobierno, prefería lo segundo. Yo también, pues son los periódicos y los medios de comunicación social en general los indispensables garantes de nuestra libertad y los instrumentos más eficaces para el control democrático del ejercicio del poder.
¿Quiere ello decir que los medios no pueden abusar de su influencia? En absoluto. Quiere decir que frente a esos abusos solo debe existir un límite: los jueces, que castigan en vía penal los delitos que la prensa puede cometer (por ejemplo, las injurias o calumnias) y ordenan indemnizar, en vía civil, los daños injustos que haya podido producir.
Cualquier control adicional, salvo los códigos deontológicos, supone el comienzo de la constricción de la libertad, objetivo al que aspiran siempre quienes quieren limitar o destruir la democracia. Pablo Iglesias, que al parecer conoce bien la evolución venezolana, no puede tener dudas al respecto. Lo que, ciertamente, no resulta tranquilizador.