El alcalde de Ferrol, imputado durante cinco meses por un flagrante error en la identificación de su voz, tuvo que demostrar su inocencia para salir de los papeles del caso Pokémon. Varios agentes de la Policía Local ferrolana tendrán que acudir al juzgado a dar explicaciones sobre su intervención para identificar y detener a una persona que andaba por la calle exhibiendo una pistola de fogueo y que resultó ser testigo clave de la misma investigación judicial. Tal vez no lo sea, pero parece el mundo al revés.
La complejidad de investigaciones sobre corrupción política y económica está fuera de toda duda. Cualquier persona, incluso la más atenta, habrá perdido a estas alturas la cuenta de cuántos casos están abiertos, las piezas separadas, los imputados, cuántos cumplen condena, los que ocupan cargos públicos o la postura de los partidos sobre qué hacer con ellos. Solo en la Pokémon, el caso con sus derivadas que investiga la jueza Pilar de Lara, hay más de un centenar de personas involucradas de un modo u otro. Están repartidas por toda Galicia y las hay de prácticamente todo el arco político. En ese batiburrillo es posible que se cometan errores, pero si se producen convendría corregirlos con celeridad, y, además, no complicar la instrucción con cuestiones que parecen accesorias.
El esfuerzo ímprobo de muchos jueces se ha visto en no ya pocas ocasiones anulado porque abogados hábiles y con recursos aprovechan las rendijas que encuentran en los miles de folios de farragosas -y a veces defectuosas- investigaciones para anularlas e impedir que verdaderos culpables paguen. Y tan injusto es que los inocentes penen como que los reos se libren.