¿Debe premiarse a un político que lo ha hecho rematadamente mal con la colocación en una empresa pública? ¿Y a un político, aunque lo haya hecho decididamente bien? ¿Es aceptable que cobre más que el presidente del Gobierno o el de la Xunta el delegado regional de una empresa pública? ¿Lo es que cobre más su presidente estatal? ¿Deben ocupar cargos directivos en empresas públicas políticos cuya profesión nada tiene que ver con sus actividades?
La iniciativa, finalmente frustrada ante la polvareda de indignación que levantó dentro y fuera del PP, de nombrar al último exalcalde de Santiago delegado de la empresa Tragsa en Galicia, plantea, entre otras, las preguntas con las que abro esta columna. Porque el caso de Currás, aunque más escandaloso que otros, dada su nefasta gestión municipal y el hecho de estar doblemente imputado por actividades relacionadas con aquella, responde a un pauta generalizada que, si no puede incluirse estrictamente en la esfera de la corrupción, sí forma parte de las corruptelas (mala costumbre o abuso, según el Diccionario de la Lengua) que dominan la política española.
La cosa es muy sencilla: la inmensa mayoría de quienes un día entran en política (y no digo la totalidad, para no parecer exagerado) lo hacen con la expectativa de jubilarse en ella. Eso puede conseguirse a través de dos procedimientos diferentes, aunque, en la práctica, la vida activa de miles de políticos sea una mezcla de los dos: aguantando en un cargo todo lo posible, o acercándose al retiro a base de saltar de puesto en puesto: alcalde o concejal, diputado nacional, europeo o autonómico, senador, alto cargo de nombramiento, miembro de una institución de control (TCE, CGPJ, Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y, cuando existen, sus variantes autonómicas), o, en fin, enchufado en una empresa pública local, autonómica o estatal.
No hay más que mirar alrededor para comprobar la certeza de esas formas de seguir en el machito. Y no hay más que hacer lo propio para ver hasta qué punto está la gente harta, con toda la razón, de una clase política cerrada, burocratizada, endogámica y, en términos generales, de menguante preparación.
¿Es aceptable que habiendo en España un montón de profesionales con ganas de trabajar y buen currículo para cubrir dignamente un puesto de directivo empresarial, se premie con una canonjía a un político desprestigiado, que nada sabe del asunto al que esa empresa se dedica? Multiplique el lector esta pregunta por diez mil y verá otra causa más de la creciente irritación popular con unos políticos que viven tan obsesionados con sus propias carreras como para haber perdido ese mínimo contacto con la realidad que evita que uno considere la cosa más natural del mundo lo que a sus votantes les parece una vergüenza.