La competencia abarata los productos, equipara sus precios a los costes y comporta beneficios para el consumidor. El mercado, a través del sistema de precios, garantiza la eficiencia económica, pero solo en un escenario teórico de competencia perfecta. Y esta no existe en el mundo real: hay información asimétrica, monopolios, oligopolios y empresas con poder de mercado que convierten esa noción en una quimera. Véase el ejemplo de las tradicionales ferias gallegas, tal vez el mercado que más se aproxima a la competencia perfecta que describían los clásicos: los ganaderos que acuden a vender su ganado tienen información privilegiada -conocen mejor que el comprador el estado de la res puesta a la venta- y los tratantes se ponen previamente de acuerdo para echar abajo los precios. Información asimétrica y oligopolio. El mercado falla: no asigna los recursos con eficiencia.
Para minimizar los fallos del mercado, reducir sus ineficiencias y proteger al consumidor han nacido las regulaciones. Las leyes antitrust, los precios regulados o la prohibición de pactos entre competidores (para que, pongo por caso, no nos suban la gasolina mientras bajan los precios del petróleo). Regulaciones a veces más dañinas que beneficiosas, pero cuya laxitud o ausencia conducen también a la catástrofe. Las calamidades que padecemos actualmente tienen su origen, en gran medida, en la desregulación y libertinaje de los mercados financieros. No deberíamos olvidarlo.
En ese terreno pantanoso que marca la frontera entre liberalismo e intervencionismo se desarrollan las investigaciones de Jean Tirole, el flamante premio Nobel de Economía. El economista francés propone una vía intermedia entre el absolutismo del mercado y el paternalismo del Estado. Defiende la liberalización, que genera «grandes beneficios para los consumidores», pero también la existencia de regulaciones eficientes y reguladores fuertes. A diferencia de los fundamentalistas del mercado, que rechazan todo intervencionismo público -salvo cuando necesitan muletas-, Tirole reivindica el legítimo derecho del Estado incluso a proteger al individuo de sus propias pasiones o vicios. Y coloca un ejemplo bien sencillo: atendiendo al carácter adictivo del tabaco y al deseo de la gente de liberarse del yugo -la demanda social-, está justificado que el Estado se entrometa en el ámbito privado y prohíba fumar.
Para hacer frente a los «efectos socialmente indeseables» del puñado de empresas con poder de mercado, Tirole aboga por establecer regulaciones adaptadas a las condiciones específicas de cada sector. Sin embargo, sobre el oligopolio de las compañías eléctricas en España, declaró en el año 2005: «Es muy difícil que un mercado energético pueda funcionar en un solo país, con solo tres o cuatro operadores». Proponía entonces no una regulación más estricta, sino abrir las fronteras y ensanchar el mercado a toda la Unión Europea. Es decir, más liberalización y más competencia. Muestra del fino hilo con que teje Tirole sus teorías: la desregulación es positiva siempre que vaya acompañada de fuerte regulación. Casi parece una contradicción.