«Que en el momento que proceden a notificar la denuncia a la conductora, la misma comienza a realizar maniobras con la intención de iniciar la marcha y haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes de movilidad de detener el vehículo, golpeando con el lateral derecho del vehículo la motocicleta que se encontraba delante, tirándola al suelo». «Que por los hechos relatados anteriormente, estos agentes, seguidos de los agentes de movilidad actuantes, salen tras el vehículo en cuestión, llegando a circular de forma paralela e indicando de forma verbal que detenga el mismo, haciendo caso omiso [la denunciada] a las órdenes de estos agentes...». A cualquiera que haya sido requerido alguna vez por un agente de policía, como el que firma este atestado sobre el incidente provocado por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, le basta leer el texto para comprender cuáles habrían sido las consecuencias en caso de ser él el protagonista. En efecto, tal y como figura en el recurso presentado por Transparencia y Justicia, «por los mismos hechos cualquier otro ciudadano normal hubiese acabado en el calabozo de una comisaría, con los grilletes en las muñecas, para ser inmediatamente citado de comparecencia para la celebración de juicio rápido». Además, añado yo, habría sido sometido a la prueba del alcohol para determinar si se encontraba en estado de embriaguez.
En el caso de Esperanza Aguirre, no solo no ocurrió nada de eso sino que, después de aparcar en un carril bus en plena Gran Vía, huir de la policía y refugiarse en su casa sin que ello le acarreara consecuencia alguna, su reacción posterior fue menospreciar a los agentes que la sancionaron, ridiculizarlos, poner en duda su autoridad para denunciarla y tacharlos de «prepotentes y machistas». Una estrategia esa, la de cargar contra la autoridad en lugar de asumir las consecuencias de sus actos, que ayer repitió en su declaración ante el juez. Entre las infinitas tropelías perpetradas por políticos españoles en los últimos años, resulta difícil encontrar un caso de mayor desfachatez, de falta de respeto a las leyes y a la autoridad, de arrogancia y de falta de escrúpulos.
Si ya resulta asombroso que habiendo protagonizado una acción tan execrable Esperanza Aguirre no durmiera aquella noche en el calabozo, inaudito resulta que pretenda no solo seguir en política, sino ser candidata nada menos que a la alcaldía de Madrid. En cualquier país civilizado, lo que ha hecho la habría convertido, al margen de las consecuencias penales, en una apestada política condenada a la reprobación pública y obligada a dimitir de cualquier cargo, como el de presidenta del PP de Madrid que todavía ostenta. Esperanza Aguirre, incapaz de controlar su cólera por el error cometido, ha dilapidado todo su capital político y debe asumirlo cuanto antes. Cada día que pasa sin que se retire definitivamente de la política es un baldón más en su expediente. Y cada día que pasa sin que nadie en su partido se lo exija, es un lastre para el PP.