La Xunta ha anunciado la creación de doce Unidades Judiciales, lo cual, para los que conocemos el colapso existente en nuestro sistema judicial, es una gran noticia. Aunque la aparición en escena de estos juzgados no va a acabar con que un simple pleito en primera instancia dure un mínimo de seis meses, sí contribuirá a aportar un pequeño grano de arena para que las cosas funcionen algo mejor en un sector que opera de forma decimonónica. ¿De quién es la culpa del caos existente en nuestras oficinas judiciales? Evidentemente no de sus titulares y funcionarios, los cuales trabajan lo indecible en condiciones penosas, sino del gran número de conflictos que se presentan al día frente a unos medios que brillan por su ausencia. Un juez ni puede ni debe dictar varias sentencias al día para cumplir los objetivos que la superioridad le impone, bajo amenaza de inspección de su juzgado. Eso va en contra de la seguridad jurídica, ya que esas resoluciones, en muchos casos, no estarían suficientemente fundamentadas. Un magistrado necesita tiempo para estudiar un procedimiento. Hay que celebrar juicios, escuchar a las partes y contrastar las pruebas presentadas, entre otras muchas diligencias, lo que en casi todos los casos supone que los togados se lleven el trabajo a casa, o acudan a trabajar por las tardes. Y eso también afecta a su rendimiento. Vivimos unos tiempos de gran litigiosidad, a pesar de que el ministro Gallardón pretendió impedir el acceso de los más desfavorecidos a la Justicia con su incomprensible ley de Tasas, por lo que las nuevas Unidades Judiciales serán recibidas con gran esperanza por una ciudadanía que merece que se le trate con sumo respeto. Espero que este sea el verdadero objetivo de la Xunta, y no que nos metemos en época de elecciones.