E s ya una convicción declarada que los partidos políticos están preparando la campaña electoral. Así puede entenderse la propuesta del Partido Popular para cambiar la forma de elección de los alcaldes. Tal como está el panorama, y aun descontando los positivos datos de mejora de la economía, se prevé arduo para el PP mantener en muchos ayuntamientos la mayoría absoluta, única posibilidad que tiene para seguir gobernándolos. Como muestran los hechos, los concejales de los otros partidos unen sus votos para elegir un alcalde que no sea del PP cuando este no haya obtenido la mayoría absoluta de los votos ciudadanos.
El riesgo presumible de que esa circunstancia se agrave en las próximas elecciones, explica la iniciativa de cambiar el sistema e incluso el apremio de que eche mano de la mayoría absoluta en las Cortes Generales, sin demorarse por conseguir consenso. Ese es el motivo último de la reforma, por más que se la arrope con razonamientos en favor de la democracia. Por eso, entra dentro de la lógica partidaria que la oposición se manifieste en contra, arguyendo que es incorrecto cambiar las reglas del juego cuando va a empezar el partido.
El asunto tiene una larga historia, desde el comienzo de nuestra democracia. Las razones en pro y en contra vuelven a repetirse, aunque sus protagonistas cambien de bando. Se produce un aleccionador revival, retorno del que puedo dar testimonio. Ganadas las elecciones generales por UCD, existía un enorme interés en toda la oposición para que se celebrasen las municipales. Los ayuntamientos ofrecían la posibilidad de consolidar poder político. Para las primeras se había escogido el sistema proporcional, en contra del mayoritario propiciado por la Alianza Popular de Manuel Fraga. Para las municipales se mantuvo en cuanto a la elección de concejales, pero se incluyó el mayoritario para la del alcalde. Este sería el candidato de la lista que hubiera tenido más votos en el correspondiente municipio, según el proyecto del Gobierno y la ponencia encargada de informarlo, merced al acuerdo de Unión de Centro Democrático y PSOE.
Lo que resultó del debate parlamentario, fue que sería alcalde quien tuviese mayoría absoluta de votos de los concejales. Así ha llegado hasta hoy. Vale la pena recordar cómo se produjo el cambio. El representante de Alianza Popular, que se unió al grupo comunista y a la minoría catalana, sorprendentes compañeros de viaje, manifestó que se oponían porque el cálculo de posibilidades de elección de alcaldes que traslucía el proyecto del Gobierno beneficiaba a los dos grandes partidos. Quienes defendieran el sistema mayoritario lo abandonaron para derrotar al Gobierno; eso sí, declarando con descaro que «nosotros, caso de ser mayoría, haríamos lo mismo».
Los socialistas se apuntaron a esa posición haciendo sus cálculos, que resultaron acertados. Volverá a hacerlos. La opción que propone el Partido Popular es adecuada, como lo era cuando Fraga se opuso. Es inútil intentar ahora exonerarla de pragmatismo.