La crisis ha sido cruel con las personas que confiaban en un sistema que permitió a los Pujol construir catacumbas entre masía y masía. Sabemos ya el resultado: millones de personas sin trabajo; un porcentaje insoportable de jóvenes con un futuro incierto; una tasa de desigualdad creciente y una sociedad endeble e insegura que mira al futuro con desconcierto. La Gran Recesión nos ha empobrecido a casi todos, incluidos aquellos trabajadores que han transitado por los años terribles con una bombona de oxígeno: la que proporciona un empleo seguro del que no puedes ser despedido. Una sociedad democrática se engrasa con funcionarios que evitan la reposición general de los trabajadores públicos con cada pálpito electoral. Y ya que nos gusta tanto la teoría de las sociedades comparadas, conviene referir que algunos de los países de Europa a los que les rechinaba que España sesteara, tienen más trabajadores públicos que nosotros. Muchos de los funcionarios que remedó Larra son hoy médicos comprometidos, profesores responsables o bomberos como los que recogieron a los muertos de Angrois. Por todos ellos, alguien debería meter mano en administraciones, oficinas de atención al público y entidades que, increíblemente, siguen atendidas por vagos e indolentes a los que incomoda tramitar un papel. La probabilidad de sufrir un colapso por indignación tras una mañana de gestiones sigue siendo demasiado alta sobre todo si se compara con la crudeza de los sacrificios generales. La mejor forma de acabar con la función pública y de reforzar el arsenal ideológico del privatizador es consentir que estos ejemplares sigan tomándonos el pelo a todos.