Algo no funciona bien cuando, después de dos años y medio en la Moncloa, el Gobierno necesita aprobar a toda prisa un real decreto sobre «medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia» para que se apruebe por vía exprés y sin apenas posibilidad de debate en el pleno del Congreso de mañana. Solo la rebelión de todos los grupos, salvo el PP, permitió ayer que el Ejecutivo se aviniera a tramitar el decreto como proyecto de ley, pero después de que sea convalidado mañana en el Parlamento. El PP justifica la tramitación ultrarrápida de un decreto ómnibus que modifica nada menos que 26 leyes, y que afecta lo mismo al IRPF que a la regulación de los drones, en el hecho de que las medidas están destinadas a la reactivación económica. «¡Esto tiene que entrar en vigor ya!», clamó ayer el portavoz del PP, Alfonso Alonso. En esa urgencia desesperada se constata la incompetencia del Gobierno. La buena intención de las medidas no justifica que se hurte al Parlamento su función legislativa. El Ejecutivo ha tenido tiempo para aprobar esas medidas con el debate necesario. Y, si no lo hizo, no puede enmendar ahora su error ninguneado a la sede de la soberanía popular.