La imagen de siete concejales sentados en el banquillo, acusados de prevaricación, resulta socialmente insoportable. Esa es la razón por la que la decisión tomada ayer por la Audiencia Provincial -rechazar el recurso presentado por los ediles santiagueses del PP contra la decisión de la jueza competente de abrirles juicio oral- no puede tener otra inmediata consecuencia que la dimisión de quienes serán objeto de proceso.
La pregunta que encabeza esta columna no va, pues, referida al debate sobre esa renuncia -que creo que resulta ineludible- sino a la situación en la que, tras ella, queda el Ayuntamiento de Santiago. La ley contempla, de hecho, dos posibles salidas a coyuntura tan insólita, que lo es en un mundo (el de la política local) donde encontrar en España situaciones insólitas va siendo más difícil cada día.
La primera salida, regulada en la ley electoral, consiste en que, agotados los suplentes de la lista, la baja de los ediles sea cubierta por los ciudadanos mayores de edad que sean designados por el partido cuyos concejales hubieran de ser sustituidos. La segunda alternativa, prevista en la ley de régimen local, sería disolver la corporación por decisión del Consejo de Ministros, que puede adoptarla cuando se hubiera producido una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, supuesto este en el cual debería luego procederse a la convocatoria de elecciones, nombrándose entre tanto una gestora.
La disolución fue la salida por la que se optó en el 2006 en el caso de Marbella y basta recordar lo que allí sucedía para llegar a la obvia conclusión de que la situación del Ayuntamiento santiagués tras la decisión de la Audiencia, con ser muy grave, no es ni de lejos comparable.
Aunque es fácil de imaginar que esa opción será, quizá la preferida por muchos vecinos de Compostela y, probablemente, por los que votaron al PSdeG y al BNG, creo, sin embargo, que la disolución sería, a un año de las elecciones, un error: el daño que ello causaría a la imagen de Santiago, ya muy deteriorada por las aventuras y desventuras de bastantes de los actuales miembros de su corporación, resultaría desproporcionado a día de hoy. Me inclino, pues, por la sustitución de los ediles procesados.
Tras lo dicho, pensará el alcalde de Santiago que he sido injusto y lo he olvidado. Si tal es el caso, me juzga mal y se equivoca. Y es que, el procesamiento por prevaricación de sus siete concejales no puede sino llevar aparejada su inmediata dimisión. Pues no hay alcalde en el mundo democrático que pueda conservar su puesto si lo pierden la mayoría de sus ediles por haber sido procesados penalmente. Con ellos, y tan pronto como ellos, debe irse quien era el responsable último de sus acciones y omisiones.