El núcleo central de la reforma fiscal es dar respuesta a dos preguntas: cuál es el nivel de ingresos que necesitamos para mantener el Estado de bienestar que decidamos tener y cómo se reparte esa recaudación entre las diferentes rentas. Esto es, lo que hace falta recaudar para alcanzar la suficiencia del sistema fiscal y cómo se distribuye para que sea equitativa. Una vez que la sociedad, a través de sus instituciones, dé respuesta a esto, lo demás, su concreción y desarrollo, ya es una cuestión de técnica fiscal que se les debe dejar a los expertos.
Pero no ha sido ese el papel del informe de la comisión de expertos de Montoro, que han ido mucho más allá de lo profesional, de la técnica fiscal, presentando una propuesta muy ideológica que pretende cerrar el debate social antes incluso de que se abra. Porque el informe pretende dar la respuesta a las dos preguntas clave, cuánto recaudar y cómo hacerlo, desde una posición política e ideológica muy sesgada, en la que se define una estrategia inaceptable para una parte, mayoritaria posiblemente, de la sociedad.
Los expertos de Montoro renuncian a que nuestro sistema fiscal se homologue con la media de la UE en recaudación y defienden que los ingresos públicos en España sigan 8 puntos de PIB por debajo de la media de la UE. La consecuencia de esta opción es obvia: sin más ingresos y con la obligación de cumplir los compromisos de déficit, su propuesta es reducir el gasto público. En concreto, el informe habla de recortarlo en 3,6 puntos, cifra que equivale a más de 40.000 millones de euros, cada año, y que supondría menos recursos para pensiones, desempleo, sanidad, educación, dependencia o inversión publica. Esto es, institucionalizar el recorte como única vía.
En segundo lugar, en el informe se toma una opción explícita por una redistribución de la carga fiscal anclada en los valores tradicionales de la derecha: reducir los impuestos directos, que gravan de forma diferente según los niveles de renta de los contribuyentes, y aumentar los impuestos indirectos. Su opción es subir el IVA para bajar el IRPF y sociedades, y eliminar patrimonio. Una redistribución que agrava los problemas de equidad que ya tiene nuestro sistema porque el peso de los diferentes impuestos y el tratamiento de las rentas que proponen van en el camino de reducir, aún más, la aportación de las rentas del capital, de los beneficios empresariales y de los grandes patrimonios para aumentar la de los asalariados.