S eñalábamos en un Codex el grave problema que ha generado el Gobierno en el jardín universitario y de la habilitación profesional por no haber resuelto el reconocimiento como másteres de los ingenieros superiores y otros licenciados, tanto en el decreto del 2011 que desarrolla el sistema de homologación español (MECES) como en el reciente Decreto de Educación de febrero del 2014. Quienes denuncian y reclaman dicho reconocimiento recibían de Educación aproximaciones tan propias de los esperpentos de Valle-Inclán o de los artículos en El pobrecito hablador de Mariano José de Larra de la categoría: «Lo suyo son seis meses» o «Más temprano que tarde». Verdadera Marca España.
Pasado un mes escaso de tales aproximaciones ministeriales, uno de los muchos Monsieur Sans-délai de hoy en día (licenciado o ingeniero superior que espera por la homologación profesional en este caso), tuvo una aproximación más concreta a su problema. El ministerio, comandado por el liberal ministro Wert y la secretaria de Estado de Universidades Gomendio, los últimos que no los únicos responsables de este sainete de lobbies e intereses, hicieron que corriera por los despachos de la Villa y Corte y llegara a los interesados, bajo pretexto de ser debatido con las comunidades autónomas (maravillosa locura competencial), un borrador de Real Decreto para resolver el problema que la dejadez de ellos y sus predecesores a lo largo de estos años, ¿quizá ocho?, han creado.
Tiene ese borrador de Real Decreto, destinado por fuerza a resolver el desaguisado de los grados y las profesiones pre-Bolonia, características que lo hacen sumamente atractivo en este retroceso del quehacer gubernamental: es farragoso, complejo, subordinado al menos a tres informes preceptivos (Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca), Servicio Jurídico del propio Ministerio de Educación, y Consejo de Universidades), pudiendo incluir sondeos y encuestas de opinión (sic). Tendrá tal recorrido una duración máxima de seis meses, transcurridos los cuales el ministerio emitirá resolución, reconociendo el título bien como grado o como máster en términos del sistema de homologación español (MECES), que no del europeo.
Pero esta dejadez contrasta con la diligencia con la que el Ministerio de Educación emplea en la homologación de titulaciones y titulados extranjeros. Sirva de ejemplo la estimación de cincuenta y cinco mil títulos de médicos extranjeros homologados en algo más de diez años en España, semejante a la producción de médicos por las universidades españolas en igual período. O con la diligencia con la que el propio ministerio se pone de perfil, cuando títulos implantados por cada universidad, con la acreditación de la Aneca, son suspendidos en sus atribuciones profesionales por el Tribunal Supremo, dejando a los estudiantes al albur de la solución que encuentre cada universidad.
Por lo que podemos volver a Larra: «El ministerial anda a paso de reforma. Más parece que se columpia, sin moverse de un sitio, que no que anda».