A muchos miembros del Consejo General del Poder Judicial les está saliendo un forúnculo: la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Cuando el PP, el PSOE, el PNV, CiU e IU se pusieron de acuerdo para elegir a los ocho vocales no judiciales y a los doce magistrados de entre los 56 candidatos que presentaron avales para el gobierno de los jueces, no pensaron que alguna agrupación de estos últimos les iba a poner en aprietos recurriendo a la Sala 3.ª del Tribunal Supremo la «ilegitimidad de los nombramientos del presidente y de los vocales del CGPJ».
Olvidado, mejor dicho, renegado el sistema de 1980, del que salió el CGPJ más respetado y valorado de su historia por la simple regla de la elección directa por los jueces, los partidos olvidaron por unas horas sus demagógicos enfrentamientos para cerrar un acuerdo de reparto que les permite colocar a conmilitones y elaborar enjuagues y trapisondas. Se ve que la Asociación Francisco de Vitoria quiere contribuir a la aspiración de que la partitocracia no siga envenenando nuestra entera vida pública, en vista de que están sirviendo de poco las manifestaciones en pro de una lucha implacable contra la corrupción, contra la politización de la Justicia, contra la conchabanza de los órganos de control encargados de fiscalizar la cosa pública y contra la proliferación de Administraciones paralelas, empresas públicas y organismos inútiles creados a costa del contribuyente y para solaz de familiares, voceros y militantes de partidos y sindicatos.
Excepto en Castilla-La Mancha, donde a pesar de lo que queda sí ha habido un loable adelgazamiento de sus estructuras extractivas y canonjías ad personen, todo ha consistido en estrujar al contribuyente, en recortar gastos y en repartirse los papeles: el Gobierno recortando y la oposición oponiéndose a todo.
La vieja expresión de la teoría económica de la captura del regulador por las empresas se ha completado con el fulanismo partidista de entrar en las instituciones para engullirlas, instrumentalizarlas y perpetuarse. El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo mantiene enterrado porque ningún contrapoder queda al abrigo de la rapiña partidista.